De las 17 cárceles del país, 11 tienen cierre técnico; es decir, ni un solo reo más puede ingresar a esos centros.
La orden fue emitida por un juez debido a la sobrepoblación que enfrentan esos centros penales. Para marzo, por ejemplo, ocho de las prisiones cerradas tenían una sobrepoblación mayor al 20%, y en uno de los casos llegaba al 86%.
Semejante situación, conocida como hacinamiento crítico, es la realidad que encaran las cárceles de San Sebastián, en San José; Luis Paulino Mora, en San Rafael de Alajuela; Liberia, San Carlos, Puntarenas, Limón, Pococí y Cartago.
En las tres restantes, el número de reclusos supera su capacidad, sin que se considere crítico. Es el caso de los penales Antonio Bastida, en Pérez Zeledón; la Gerardo Rodríguez y La Reforma, ambas en San Rafael Alajuela.
Ante esas diferencias, el Ministerio de Justicia y Paz decidió “repartir” la crisis al distribuir reos de las cárceles con situación crítica a aquellas que no lo están, aun y cuando eso implica "desacatar" las órdenes de los jueces ejecutores de la pena.
“El hacinamiento ha recaído más en algunos centros que en otros y, para mí, ese fenómeno debe ser distribuido en todas las prisiones", manifestó Heriberto Álvarez Cantón, director del Nivel de Atención Institucional de la Dirección de Adaptación Social. Antes fungió como director de la cárcel Gerardo Rodríguez.
”Entonces, nosotros estamos desacatando un poco lo que los jueces nos indican por una necesidad institucional y, por una situación de humanidad, hemos tratado de tomar ese riesgo y hacer una distribución más equitativa del hacinamiento en los centros penales”, indicó Álvarez.
Esos movimientos de reos desencadenaron que para el 19 de abril, las cárceles Antonio Bastida, Gerardo Rodríguez y La Reforma ya sobrepasaran, por la mínima, el hacinamiento crítico.
“Esto se trata de aprovechar todos los espacios que tengamos", dijo Álvarez.
La medida se toma en un momento en el que el hacinamiento a nivel institucional ronda el 25%, es decir, superan en ese porcentaje la capacidad instalada.
Para Róger Víquez, director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) – adscrito a la Defensoría de los Habitantes– aunque el hacinamiento está "muy disparejo", esta no es la solución.
Para él, estas movilizaciones no generan impacto en la crisis, que "atormenta" al país desde hace unos ocho años.
"Lo que se debería hacer es levantar infraestructura y no dar más largas a este tipo de situaciones, porque la población penal sigue creciendo y no hay edificación disponible", expresó.
El criterio
Los movimientos intracarcelarios se dan, de momento, bajo un único criterio: acercar a los reclusos a la zona donde viven sus familias pues normalmente se ubican en el penal donde haya espacio, sin considerar el desarraigo.
“Las órdenes judiciales de cierre nos ha dificultado ubicar a las personas en el contexto social al cual pertenecen. Me he encontrado gente de Limón en San Carlos y eso los aleja del grupo familiar.
Esa circunstancia complica las visitas.
Así, con la medida, además de mejorar el apoyo familiar, Justicia también pretende reducir gastos administrativos.
¿Por qué? Cuando una persona está privada de libertad, recibe un plan de atención técnica que busca su reinserción a la sociedad y los funcionarios de la prisión deben apoyarlo.
Para trazar ese plan, los trabajadores penitenciarios deben desplazarse para conocer el entorno al que pertenece el reo, el sitio donde vivía antes de ser recluido.
Entonces, si un limonense está recluido en la cárcel de San Carlos, los funcionarios de ese centro deben viajar hasta Limón para hacer la valoración.
“Son recursos institucionales y, aunque ahorita no pueda decir a cuánto asciende estos gastos, sí le puedo decir que es costoso. La idea, además, es hacer los procesos más ágiles y expeditos”, concluyó.
En eso sí coincidió Róger Víquez, del MNPT. Él aseguró que este tipo de desarraigos familiares afectan no solo al reo sino también al mismo sistema.
"Las reubicaciones, según domicilio del reo, sí son importantes puesto que, de lo contrario, se incurren en gastos de traslado de defensores públicos, de la sección de cárceles del OIJ (Organismo de Investigación Judicial), además de los funcionarios administrativos de Adaptación", dijo.