Guanacaste llega al Bicentenario con cifra galopante de homicidios

Elder Monge, director regional de la Fuerza Pública en Guanacaste, afirmó que 2023 fue un año crítico en materia de homicidios en todo el país, y Guanacaste no fue la excepción. Destacó que, mediante esfuerzos conjuntos entre diversos cuerpos policiales, se ha logrado reducir en ocho la cantidad de muertes en lo que va de este año en comparación con el mismo periodo de 2023, aunque el desafío sigue siendo enorme en una provincia que este jueves celebra el bicentenario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica.

Señaló que las agrupaciones delictivas encontraron en la provincia gente de buena fe, dedicada a recibir turistas, y que no estaba preparada para la llegada de personas con otros intereses. Sin mayores cuestionamientos, los líderes de bandas alquilaron casas y se establecieron en zonas que les facilitaron su entrada. Alrededor de esta lucha entre bandas que buscan ampliar su mercado, se generan la mayoría de los homicidios, así como tiroteos que a veces dejan varios muertos en una sola escena, como ocurrió el 30 de abril en La Cruz, donde tres sujetos murieron baleados en una sala de billar.

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Nicoya pasó de tener dos muertos en el 2021 a 28 en 2023, un incremento del 1.300%. De manera similar, Santa Cruz aumentó de 4 a 24 (500%) y Liberia de 4 a 16 (300%). Monge añadió que en Guanacaste se permitió el ingreso de estas estructuras sin que la población se diera cuenta de que se trataba de grupos criminales que desestabilizarían la seguridad.

Según Monge, las organizaciones del narcotráfico buscan en Guanacaste principalmente a turistas que pagan las drogas a mejor precio que en el resto del país, lo que torna muy lucrativo ese nicho de mercado.

Hurtos, robos a viviendas y robo de ganado también desvelan

Además de los homicidios, Guanacaste es la segunda provincia con más robos de ganado, solo superada por Alajuela. De las 865 denuncias recibidas por el OIJ en 2023 por este delito, 200 fueron en Guanacaste, principalmente en Bagaces, Cañas y Tilarán. Monge explicó que algunos hacendados tienen una cantidad enorme de reses y los ladrones a veces salen de las fincas con camiones llenos.

Para contrarrestar esta situación, se creó una comisión permanente contra el robo y destace de ganado, integrada por la Fuerza Pública, la Fiscalía, el OIJ, la Cámara de Ganaderos y la Policía de Tránsito y el Servicio Nacional de Salud Animal. La idea es medir cada mes el fenómeno y tomar acciones operativas. Aunque ha habido contención en algunos cantones, todavía ocurren robos en fincas alejadas. La Policía interviene subastas, realiza retenes de carretera y patrullajes en fincas para golpear a los grupos organizados dedicados a este delito.

Otro delito que afecta las zonas costeras de Guanacaste es el robo a viviendas. Los delincuentes aprovechan las temporadas en que los dueños de casas de recreo las dejan solas y se llevan el menaje y todo lo que encuentran adentro. Estas estructuras criminales se valen de cualquier oportunidad. La lejanía y el hecho de que muchas de estas viviendas están en parajes poco concurridos facilitan el ingreso de los ladrones, ya que muchos dueños no dejan a nadie cuidándolas y en muchas ocasiones no hay vecinos. El año pasado en Guanacaste hubo 729 denuncias por robo a viviendas, 552 por robos en edificaciones y 43 asaltos a viviendas, es decir, los ladrones entraron pese a que había personas adentro.

Con más de 10.141 kilómetros cuadrados, Guanacaste es la segunda provincia más grande del país, solo superada por Puntarenas. Sin embargo, es la menos poblada, con 412.808 habitantes. Para atender los 11 cantones, la Fuerza Pública tiene un subdirector a cargo de los cinco cantones de la parte alta, otro para los cinco de la bajura, mientras que el cantón fronterizo de La Cruz lo atiende otra dirección regional que también vigila los cantones alajuelenses de Upala y Los Chiles.

Los hurtos son otro delito importante en Guanacaste. El año pasado hubo 1.706 denuncias, el 10% del total nacional. En cuanto al robo de vehículos, el OIJ registró 357 casos en 2023, el 8% de las 4.519 denuncias en todo el país. En estos dos últimos delitos, la mayoría de los casos ocurren en Liberia.