Si un recluso quiere salir antes de la cárcel mediante un beneficio, debe cumplir requisitos como haber cometido un delito menor, no ser reincidente y no tener causas judiciales pendientes.
Pero, además, una vez que obtiene el aval, tendrá que mantenerse bajo un riguroso control que incluye asistir puntualmente los días que deba dormir en el centro y, algunas veces, recibir atención psicológica.
Esas medidas, que el Ministerio de Justicia ha hecho más estrictas desde el año pasado, evitan que la gran mayoría de presos reubicados en Centros de Atención Semiinstitucional (CASI), cometan nuevos delitos y regresen a prisión.
Según datos brindados por la cartera, solo 3 de cada 100 privados de libertad que salieron por un beneficio, recayeron en la cárcel en el 2015.
Es decir, de las 4.727 personas que estaban en ese régimen semiinstitucional, solo se le revocó el beneficio carcelario a 143 (equivalente a un 3%). Mientras, en el 2014, había 3.572 beneficiados y la reincidencia fue de 337 reclusos (un 11,4%).
En el 2015, de los 143 que volvieron a prisión, 35 lo hicieron por afrontar una nueva causa y 108 porque se ausentaron de los centros.
“Ha habido mucho estereotipo y prejuicio con los reclusos. Si ellos están en las cárceles es por un tema de exclusión y pobreza, no porque hayan hecho de la criminalidad y de la delincuencia su modo de vida”, manifestó Marco Feoli, viceministro de Justicia.
Los datos entregados por Justicia abarcan tanto las reubicaciones por la vía ordinaria como aquellas que, desde agosto del año pasado, ordenó la ministra Cecilia Sánchez con el fin de bajar el hacinamiento.
Disciplina. Feoli resaltó que cuando un reo pasa al régimen semiabierto, conoce que, en caso de incumplir algún acuerdo, se expone a una sanción.
El castigo más fuerte es el retorno a prisión, mientras que los menos severos consisten en pasar más días de los acordados en el CASI.
Entonces, si un beneficiado no llega a dormir durante 15 días al centro, el director da aviso a la Policía Penitenciaria para que le sigan el rastro y lo detengan.
“Esto se da, sobre todo, cuando se pierde contacto con la persona. No es que si un día no llegó, ya lo vamos a encarcelar de nuevo. Le damos el beneficio de la duda”, dijo Feoli.
Si el beneficiario dejó de asistir al centro durante tres días y, de repente, regresa por su voluntad, la sanción podría ser menor.
“Generalmente, en estos casos hemos visto un patrón que indica que la gente regresa voluntariamente al cuarto día. Esto nos demuestra que quiere seguir en el sistema, que se arrepiente de lo que pasó y que asumirá las consecuencias”, aseguró.
Como sanción, lo obligan a quedarse a dormir en el CASI incluso los fines de semana. “Sentimos que eso los hace reaccionar y los hace entender que ellos no quieren pasar alejados de sus familias”, mencionó Feoli.
Lo mismo aplica para los beneficiados que lleguen tarde al centro o a las citas con los psicólogos, sin dar una justificación.
Justicia indicó que la persona debe demostrar por medio de testigos o de documentos las razones de su retraso.
“Los directores de los CASI son muy estrictos. Le pongo un ejemplo: si alguien que vive en Limón, debe ir al CASI San Agustín (en Heredia) y se retrasa porque cierran la ruta 32, debe llevar una nota, aunque sea del chofer.
