Cuatro hombres que se encontraban en un bar en Tibás fueron detenidos por portar ocho armas de fuego sin tener el permiso correspondiente. También llevaban un fusil AR-15, cuyo uso está prohibido en el país.
Los sujetos fueron aprehendidos por oficiales de Fuerza Pública, quienes atendieron una alerta sobre hombres armados en el bar Mi Parcela, en Llorente de Tibás.
Al ser abordados por los oficiales, uno de ellos les ofreció ¢1.000.000. en efectivo a cambio de que los dejaran ir del lugar, comunicó Gustavo Mata, ministro de Seguridad Pública (MSP).
El fusil AR-15, cuyo uso está prohibido en el país fue hallado en el vehículo de la marca Audi. (MSP.)
Los cuatro hombres llegaron al sitio en lujosos autos de las marcas Audi, Lexus y Honda, los cuales fueron decomisados.
Los detenidos son de apellidos: Blanco (23 años), Meneses (25), Pérez (33) y Martínez (32). Este último es a quien los oficiales denunciaron por intentar sobornarlos.
En el sitio se realizó un amplio despliegue policial, donde también participaron oficiales de las fuerzas especiales del Ministerio de Seguridad.
Las armas decomisadas son: el fusil AR-15 con tres cargadores que estaban en el Audi, cuatro pistolas calibre 40, una nueve milímetros, una pistola marca Glock y otra marca Beretta.
"Llama la atención dos cosas: el tipo de vehículo en que andaban, vehículos de lujo, así como la cantidad de armas. Eso me hace pensar de que estaban a la espera de realizar alguna acción criminal o estaban preparados para repeler algún ataque en contra de ellos", manifestó Mata.
El jerarca agregó que le preocupa que estos sujetos fueron detenidos por el delito de tenencia ilegal de armas, el cual tiene una pena muy baja si es que son llevados a los tribunales, por lo que probablemente pronto serán liberados.
"Es probable que los tengamos de nuevo en las calles mañana. Porque se les va a notificar, se les da la resolución y seguirán sometidos al proceso. Eso significa que regresarán a la calle y volverán a adquirir armas", añadió el funcionario.
Los detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.
