Autoridades reconocen falta de recursos y acciones conjuntas para frenar la criminalidad

Ante consulta de este diario, el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, alegó que los problemas de inseguridad que enfrenta Costa Rica son el detonante de una serie de errores y una mala planificación que se arrastra desde administraciones anteriores. Agregó que se está elaborando un plan de política pública de seguridad nacional, que integre una planificación a largo plazo.

Indicó que se va a trabajar en disminuir las tazas de delitos a nivel nacional, la desarticulación de bandas vinculadas al narcotráfico, el mejoramiento de la infraestructura e inversión pública para renovar y construir instalaciones penitenciarias y delegaciones policiales, una propuesta de mejora en la inserción de la población privada de libertad y la implementación de un modelo de gestión policial para la Fuerza Pública.

Según Campos, el primer borrador del plan estará listo en el primer trimestre del 2023 y de aprobarse por la presidencia de la República, se aplicará este mismo año y no en el 2024 como lo recomienda la Contraloría General. Aseguró que dicha política será a nivel nacional, proponiendo integrar a todos los poderes de la República con una proyección mayor a los cuatro años, para que pueda ser no solo ejecutable sino evaluable.

“Es lamentable la situación actual del país, pero también es claro que se trata de un abandono que ha sufrido Costa Rica en los últimos años en materia de seguridad. Lo anterior por no contar con una política pública de seguridad nacional, escaso recurso humano y mala planificación en la proyección de infraestructura para los cuerpos policiales, que se ha visto como un gasto y no como una inversión”, concluyó el jerarca.

Por su parte, la ministra de Justicia y Paz del periodo 2018-2020, Marcia González Aguiluz, dijo a La Nación que el informe de la Contraloría lleva razón en cuanto a la necesidad de contar con una mayor articulación de la gestión en el sector seguridad partiendo de un enfoque multicausal y multisectorial.

Afirmó que ante la carencia de recursos para enfrentar esta ola de criminalidad, es fundamental que las instituciones involucradas, tanto en materia penitenciaria como en el área de prevención, logren trabajar en forma articulada y optimizando los fondos disponibles.

Destacó que una Política Nacional de Seguridad podría ser un primer paso importante, pero debe convertirse en una prioridad al más alto nivel por parte de las autoridades con el fin de lograr los cambios estructurales que se requieren y el financiamiento necesario.

“Es fundamental el que se destinen recursos y se brinde prioridad a la inversión social en los sectores más vulnerables con el fin de disminuir las tasas de desempleo, pobreza y la exclusión educativa si se quieren revertir las alarmantes cifras que estamos enfrentando”, finalizó la exministra.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres, se limitó a responder que durante los primeros meses de la administración actual se percató que desde hace 12 años Costa Rica no cuenta con una nueva estrategia estatal en materia de seguridad y que por eso se encuentra elaborando una en conjunto con Campos, la cual, según dijo, está pronta a culminar e involucra diversos actores sociales y culturales.

“La seguridad no puede verse únicamente como la posibilidad de tener a más policías en la calle, sino de combatir diferentes males socioculturales que dañan la percepción de las personas respecto a las oportunidades que tienen ante la sociedad. El informe de la Contraloría General de la República hace un llamado justo, el cual estamos ejecutando incluso previo a la emisión de dicho texto; sin embargo, somos respetuosos del mismo y en las próximas semanas esperamos anunciar la política”, declaró Torres.

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