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El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigan a cinco empresas de seguridad privada por facilitar, presuntamente, el tráfico de armas hacia Panamá.
El caso inició hace un año, luego de que autoridades panameñas decomisaran 31 armas que llegaron desde Costa Rica.
Ese armamento, informaron el OIJ y la Fiscalía, fue importado por la empresa tica Armería Martín Armar S.A., la cual, al parecer, después las vendió a las firmas privadas locales para sus labores de vigilancia.
El director del OIJ, Francisco Segura Montero, resaltó que entre las armas que ingresaron al país y luego aparecieron en Panamá figuran varios fusiles AR-15.
Explicó que la importación de ese tipo de arma –utilizada aquí por el Servicio Especial de Respuesta Táctica, grupo élite del OIJ– es permitida en Costa Rica ya que dispara tiro a tiro (no en ráfaga), pero reconoció que, con una pequeña modificación, sí se puede convertir en automática.
“Es un fusil de asalto que, en manos de delincuentes, es un arma muy peligrosa”, afirmó.
Operativo. Como parte de las pesquisas, ayer se realizaron 12 allanamientos con el objetivo de decomisar documentación, equipos de cómputo y armas (aunque no hallaron ninguna).
Fiscales, policías y jueces ingresaron a las oficinas de las cinco empresas de seguridad, a la armería, a dos viviendas, a una venta de artículos militares, así como a tres distintas dependencias del Ministerio de Seguridad (MSP).
“Lo que queremos saber es la trazabilidad (seguimiento) de esas armas. Hay una importación legal. Luego se la venden a equis persona o empresa, que luego la inscribe en Seguridad Pública para que la utilicen en determinado lugar. Pues, ahora queremos ver dónde están (esas armas) y por qué algunas de ellas aparecieron en Panamá”, manifestó el director del OIJ.
Tanto Segura como Miguel Abarca, fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, alegaron desconocer la cantidad de armas que pudo hacer sido traficada.
En el MSP, además de intentar confirmar el modo de operar de la organización, se procura determinar si existe complicidad de funcionarios públicos.
Las autoridades informaron de que la Armería Martín Armar –propiedad de un hombre de apellido Martín– estuvo vinculada en noviembre del 2013 con una venta de armas a la guerrilla colombiana.
El abogado Rodrigo Araya, defensor de Martín, lamentó que los allanamientos a la armería y a una tienda propiedad de su representado se ejecutaran el día en que arrancaba el juicio.
“Ojalá que hayan decomisado toda la documentación sobre la compra y venta de esas armas porque todo fue legal”, afirmó.
