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Decenas de gavilanes se abalanzan sobre los turistas que salen del aeropuerto internacional Juan Santamaría, en Alajuela, para ofrecerles todo tipo de servicios, sin ningún permiso.
Se trata de 106 operadores plenamente identificados por la Policía por no estar autorizados. De ellos, 36 brindan el servicio de maletería informal y 70 ofrecen transporte en taxis y microbuses, sin permiso.
Algunas de esas personas utilizan carnés y uniformes falsos para convencer a 4.000 turistas, que llegan cada día, para que aborden un taxi fuera del aeropuerto o les den propina por cargar sus maletas.
Además del acoso y la aglomeración en la salida, los turistas perciben la imagen de personas en sillas de ruedas, que se colocan con sus rótulos en inglés, pidiendo dinero en las entradas y salidas, así como vendedores de lotería y sujetos que alquilan sus celulares para hacer llamadas.
Incluso, en la calle frente al aeropuerto operan vendedores ambulantes de comida.
Prohibición. Desde abril del 2001 se creó la zona de protección y seguridad del aeropuerto , mediante el Decreto Ejecutivo N.° 29408 de los ministerios de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y de Seguridad Pública.
Esa norma prohíbe el ejercicio de cualquier actividad en las vías de acceso al aeropuerto y las calles aledañas, así como parquear vehículos junto a la acera de la terminal, excepto los taxis oficiales (de color anaranjado) o quienes tienen dos minutos para dejar y recoger pasajeros.
Edwin Retana, fiscal adjunto de Alajuela, asegura que desde hace una semana comenzaron un plan para recuperar la zona privada del aeropuerto y evitar esas actividades, que a veces se prestan para cometer delitos.
Añadió que el turista nacional y extranjero merecen una mejor imagen cuando llegan al país.
“Hay participación de personas no autorizadas por la Administración del aeropuerto que podrían servir de contacto a estructuras delictivas, pero estamos en proceso de investigación. Hemos tenido información de que muchos contactos tienen que ver con redes de prostitución que ofrecen el servicio al pasajero, al que convencen para participar en estas actividades. Por ser un aeropuerto, esto hay que ordenarlo”, dijo.
Proceso penal. Esta semana, el Servicio de Vigilancia Aérea notificó a cuatro gavilanes que tienen prohibido el ejercicio de sus operaciones ilícitas y los previno de que, si insisten, serán procesados en flagrancia por el delito de desobediencia, castigado con hasta tres años de cárcel.
Ayer, en un recorrido de La Nación por el punto de salida del aeropuerto, se confirmó que esas cuatro personas estaban allí. Como la notificación puede ser apelada ante el ministro de Seguridad, no está en firme.
Rafael Mencía, director ejecutivo de Aeris (empresa operadora del aeropuerto), ve con buenos ojos el plan de la Fiscalía.
“Estos operadores no autorizados en esa área dan una imagen mala y tienen una medida de acoso, porque varias personas tratan de buscar un medio de vida y algunos son agresivos con el pasajero. El aeropuerto tiene un área reservada y no es de dominio público, donde hay operadores que pagan tarifas aeroportuarias y se les exigen ciertos estándares, pero están frente a una competencia de operadores que no pagan tarifa” ni cumplen esos requisitos, declaró Mencía.
