La Corte Plena del Poder Judicial aprobó el lunes crear una jurisdicción exclusiva para investigar y juzgar los casos de narcotráfico y crimen organizado.
La medida implicará excluir del conocimiento de esos casos a juzgados y tribunales regionales, centralizando todo en un despacho en San José, que a su vez tendría a cargo el Centro de Intervenciones Telefónicas.
Esa propuesta forma parte de una serie de acciones a corto y mediano plazo para prevenir la penetración del narcotráfico en el Poder Judicial, luego de que en mayo pasado la jueza penal de Limón, Rosa Elena Gamboa, fuera acusada por la Fiscalía por cobrar de ¢20 millones para liberar a un traficante.
Las medidas fueron formuladas por la Comisión Investigadora sobre Penetración del Crimen Organizado y Narcotráfico y recibieron el sí definitivo el lunes en la sesión de Corte Plena.
El magistrado Carlos Chinchilla, presidente de la Sala Tercera, explicó que el plan es concentrar en esa dependencia todas las solicitudes, órdenes de allanamientos e intervenciones telefónicas, para evitar filtraciones que pongan en riesgo las pesquisas.
“Mucha de esa información se está fugando y las investigaciones se echan a perder. Hoy día, los jueces se exponen directamente en las comunidades donde viven. La idea es que ahora tengamos jueces decididos, que quieran hacer su trabajo de forma correcta y sin temor a perder su vida o que su gente más cercana pueda resultar lesionada, secuestrada o muerta.
Entrevista con Zarela Villanueva
”Si estamos en San José, estamos en mayor capacidad de atender situaciones de emergencia”, agregó Chinchilla.
El anteproyecto sobre el nuevo tribunal se encuentra casi listo. Luego será enviado a la Corte Plena, para que el máximo órgano judicial gestione su tramitación ante el Congreso.
Riguroso estudio. Otra idea planteada por la comisión fue abrir una Unidad de Investigación Social y de Antecedentes de las Personas Oferentes, que realizaría estudios más profundos de los aspirantes a la judicatura.
De esa manera se pretende compartir toda la información en un solo sistema que incluya el historial laboral del candidato, los resultados de los exámenes de ingreso a la carrera judicial y, si ha tenido causas disciplinarias en otras dependencias, como en la Fiscalía o la Defensa Pública.
Con los datos cruzados en un solo sistema, se aplicaría mayor rigurosidad en el análisis y las evaluaciones de desempeño.
La Corte Plena además acordó aplicar el proceso de investigación de antecedentes (incluidos penales) que usa el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para nombrar a sus funcionarios.
La magistrada Zarela Villanueva, presidenta del Poder Judicial, afirmó que se respetará el derecho de acceso al trabajo de cualquier aspirante a juez.
Resaltó que, mientras que en el OIJ no contratan investigadores que tengan familiares involucrados en procesos penales, si esta situación se presentara con un candidato a la judicatura, la información será valorada, pero, por ley, no quedará excluido del proceso de selección.
Los magistrados también aprobaron dar un incentivo por regionalización, que será un estímulo económico para los jueces que acepten ser nombrados en zonas alejadas o problemáticas, como las fronterizas y costeras. Esto se implementaría en un plazo de unos cuatro meses.
Régimen disciplinario. La Corte también propuso reestructurar al Tribunal de la Inspección Judicial, encargado de aplicar el régimen disciplinario, y plantear mejoras en su funcionamiento. Por ejemplo, para ser inspector no se requieren requisitos especializados, a pesar de que el puesto es equivalente al de un juez.
Doris Arias, magistrada de la Sala Tercera, sostuvo que, si bien en la Inspección Judicial hallaron un grupo de expedientes prescritos que no pudieron resolverse, la comisión no encontró señales de que hubiese un foco de corrupción o que las prescripciones estuviesen relacionadas con acciones intencionales.
