De acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al cierre de este año, la institución registra 198 denuncias relacionadas con delitos ambientales, tales como el tráfico de animales, la venta de fauna silvestre mediante redes sociales y la comercialización de animales disecados, entre otros.
“Es una materia que no es tan rimbombante como el narcotráfico o los homicidios [...] Aquí (en Costa Rica) se trasiega prácticamente de todo”, denunció Randall Zúñiga, director del OIJ.
Las causas por afectaciones a los recursos naturales aumentaron significativamente en los últimos cinco años. En 2020, por ejemplo, el OIJ registró 61 denuncias, mientras que en 2021 estas ascendieron a 157 y este año, la cifra casi supera las 200.
Según el jerarca de la Policía Judicial, durante el 2024 el Organismo atendió denuncias por la venta de zorros, zorritos, escarabajos, larvas, mariposas, serpientes, iguanas, cocodrilos y monos, tanto vivos como disecados. Advirtió que algunas de estas comercializaciones se realizan por medio de redes sociales. Así lo señaló el pasado 18 de diciembre durante la presentación del informe sobre la situación de la criminalidad en el periodo 2019-2024.
Este mes de diciembre, agentes del OIJ detuvieron en Escazú a un sospechoso de vender reptiles por Facebook. Las autoridades hallaron en posesión del hombre 17 reptiles, entre ellos una iguana, un varano y 15 serpientes.
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Además, la Fiscalía Ambiental de Osa confirmó la detención de dos hombres, investigados por caza ilegal y tráfico de vida silvestre en el Pacífico sur, quienes en apariencia, grababan en video sus actividades y luego las publicaban en sus redes sociales.
Aunque durante la presentación del informe, Zúñiga se refirió únicamente al trasiego de especies, los delitos ambientales abarcan también actividades como la tala y el contrabando de madera, la extracción no autorizada de minerales y la pesca ilegal, entre otras prácticas ilícitas. No se brindaron datos específicos sobre cada delito.
También, este mes de diciembre, las autoridades interceptaron una embarcación que transportaba 7.960 kilos de producto pesquero, en su mayoría tiburón gris, al suroeste de Flamingo, en Guanacaste. El caso fue catalogado como presunto delito de pesca ilegal.
“Es un tema que en la actualidad es el cuarto delito con mayores ganancias a nivel mundial, solamente seguido de trata y tráfico de personas y el narcotráfico, entre otras”, añadió el jefe de esta policía.
Desde 2016, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente e Interpol advertían que los ingresos por delitos ambientales crecen entre dos y tres veces más rápido que el producto interno bruto (PIB) mundial. En aquel año, un informe emitido por dichas organizaciones estimó que el valor monetario de estos delitos oscilaba entre $91.000 millones y $259.000 millones anuales, posicionándolos como el cuarto crimen más lucrativo del mundo, después del tráfico de drogas, las falsificaciones y la trata de personas.
Debido al crecimiento en las denuncias, en el 2022, el OIJ inauguró la Sección Especializada en Delitos Ambientales y de Bienestar Animal, adscrita al Departamento de Investigaciones Criminales, con el propósito de atender “la creciente afectación a los recursos naturales y la vida silvestre (flora y fauna)”. Antes de su creación, solo dos personas en la Sección de Delitos Varios investigaban asuntos ambientales.
Esta sección se encarga de indagar violaciones al Código Penal y a leyes especiales como la Ley Forestal, la Ley de Conservación de Vida Silvestre, la Ley de Pesca y Acuicultura, la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, la Ley de Biodiversidad, la Ley de Aguas, el Código de Minería y la Ley Orgánica del Ambiente, entre otras.
Proyecto busca aumentar penas
Desde setiembre del 2023, un proyecto de ley denominado “Reforma a varias leyes para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en materia de delitos ambientales”, circula en la corriente legislativa.
De acuerdo con el texto de la propuesta, la mayoría de los delitos ambientales en Costa Rica se sancionan con el pago de multas o con penas de cárcel que no sobrepasan los tres años.
La iniciativa, propuesta por Ariel Robles, diputado del Frente Amplio (FA), busca incrementar en un 50% las penas de cárcel por delitos ambientales si estos son cometidos por grupos organizados, de dos o más personas que operen durante un periodo prolongado con el propósito de delinquir.
El proyecto recibió dictamen afirmativo el pasado 24 de setiembre en la Comisión de Ambiente. Entre sus propuestas, pretende añadir artículos a las leyes que actualmente regulan los delitos ambientales, como la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la Ley Forestal y la Ley de Pesca y Acuicultura.
Por otro lado, busca que los delitos ambientales se consideren como “graves”, para aplicar las herramientas de la Ley contra la Delincuencia Organizada, como la ampliación de plazos de investigación y la intervención de comunicaciones.