Durante casi una década, Alejandro Arias, alias Diablo, permaneció prófugo mientras presuntamente extendía su poder criminal a distintas zonas del país. Desde las sombras, habría consolidado una estructura a la que se le vincula con al menos 200 homicidios, el control territorial para la venta de drogas, el contrabando, las extorsiones cobratorias y otros delitos.
Se presume que no lo hizo solo. Arias habría reclutado a familiares y jóvenes de distintos barrios, pero sus vínculos también habrían alcanzado a oficiales de la Policía Administrativa que, en apariencia, lo protegían e incluso llegaron a trabajar para él. Así lo manifestó él mismo ante el Ministerio Público poco después de su detención, el 24 de julio de este año, en una finca en Río Frío de Sarapiquí.
Las sospechas también apuntan a que Diablo habría cooptado a jueces y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Estas presuntas alianzas, tanto en el mundo criminal como dentro de instituciones públicas, le habrían permitido afianzar una robusta y amplia estructura delictiva, que ahora busca reacomodarse tras su caída.
El fiscal adjunto de Pococí, José Francisco Mena Castro, explicó a La Nación que, hasta el momento, las pesquisas que dirige la Policía Judicial apuntan a que un sujeto estaría intentando ocupar el puesto que dejó vacante el Diablo.
La mirada está puesta en un hombre conocido con los alias de “Vaca” o “Macho Sagrada”, quien, según el medio Expediente sería vecino de Cariari de Pococí y dueño de varios comercios en esa misma zona.
Las investigaciones, sin embargo, son preliminares y continúan en curso, por lo que el fiscal adjunto prefirió no ahondar en los detalles.
Según explicó, la presunta disputa por el liderazgo que apunta a “Macho Sagrada” sería compatible con las dinámicas de reorganización criminal que pueden generar enfrentamientos por el control de territorios.
Incluso, el mes pasado trascendió que hubo una reunión de supuestos cabecillas delincuenciales, para discutir un replanteamiento de fuerzas en la zona.
La Nación consultó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre los principales focos de violencia tras la caída de Diablo; sin embargo, la Dirección General de la institución declinó referirse al caso, al señalar que las pesquisas continúan en marcha.
Liderazgo podría ser compartido
Mena explicó que la caída de un cabecilla, ya sea por detención o muerte, no necesariamente implica que una única persona asuma su lugar.
Puede ocurrir, por ejemplo, una redistribución de funciones dentro de la misma organización, una fragmentación en grupos más pequeños o intentos de otras estructuras criminales por ocupar los espacios.
Aunque es Macho Sagrada el alias que sobresale en las dinámicas criminales más recientes, el fiscal explicó que cuando una organización participa en varios mercados ilícitos, como la de Diablo, el relevo tampoco implica necesariamente que una sola persona asuma todos los negocios de la estructura.
El poder puede distribuirse entre quienes controlan el tráfico de drogas, la logística de contrabando, los contactos o la capacidad armada de la estructura.
“La dinámica de estas disputas depende del mercado ilícito, de los recursos que se pretenden controlar y de la estructura de la organización”, dijo.
Recientes seguidillas violentas
En cuanto al tráfico local de drogas, uno de los principales negocios de Diablo, las disputas por el control de la venta suelen reflejarse en la cifra de homicidios.
Alias Diablo, oriundo de Guápiles, Pococí, concentró su dominio criminal principalmente en ese territorio, aunque su estructura también se extendió a Guácimo, Siquirres, Sarapiquí, San Carlos, Turrialba, Osa, Santa Cruz y Nicoya.
En Limón, dos de los cantones donde Diablo habría ejercido mayor influencia, Pococí y Guácimo, registraron seis homicidios cada uno durante setiembre, para un total de 12 asesinatos, según los reportes oficiales del OIJ. En setiembre del año anterior, ambos cantones contabilizaron solo un homicidio cada uno.
La mayoría de los asesinatos más recientes cumplen con características de sicariato. Por ejemplo, el 15 de setiembre, dos hombres de apellidos Úbeda, de 42 años, y Vargas, de 62, fueron atacados a balazos en un puesto informal de comidas en Cariari de Pococí.
También fue asesinado a balazos un hombre de apellido Bravo, de 18 años, mientras observaba un desfile de independencia en Pocora, Guácimo. Los casos se mantienen bajo investigación judicial.
La violencia asociada con presuntas disputas territoriales también se extendió recientemente a Nicoya, Guanacaste, donde se presume que opera una célula de alias Diablo.
Entre el 30 de julio y el 8 de septiembre, siete personas fueron asesinadas en Nicoya. El último día de ese periodo, gatilleros la emprendieron contra cinco hombres en un centro comercial de Nosara.
En ese ataque murieron Obando Rosales, de 33 años, y su hermano, de 46. Además, otros dos hombres que los acompañaban, de apellidos López, de 20 años, y García, de 40, resultaron heridos.
También a finales de julio, dos presuntos colaboradores de Diablo fueron asesinados en un camino entre Nosara y Sámara. Jurguens Zúñiga , de 26 años, y Jeremy Barquero, de 28, fueron las víctimas de esta emboscada.
Presuntas redes de apoyo institucional
Además de las disputas territoriales, la organización de alias Diablo habría contado con redes de apoyo dentro de instituciones públicas, que no solo habrían facilitado sus operaciones, sino que ahora también podrían favorecer su reorganización.
A mediados de julio, el OIJ detuvo al jefe de la Policía Penitenciaria del Centro de Atención Institucional (CAI) Carlos Luis Fallas, en Pococí, por supuestamente colaborar con una de las ramas de estructura de Diablo, dedicada a ingresar drogas y teléfonos a centros penales.
Además, trascendió la detención de dos jueces del Juzgado Penal de Pococí, quienes presuntamente habrían favorecido a la banda desde sus cargos. Uno de ellos, de apellidos Valverde López, habría mantenido una relación sentimental con una hermana del supuesto cabecilla.
También fue detenida la pareja de este juez, una agente del OIJ, a quien se señala por presuntas colaboraciones.
El fiscal adjunto de Pococí evitó referirse a los casos particulares porque son investigaciones en curso; sin embargo, explicó que los presuntos vínculos entre criminales y funcionarios, además de favorecer la reorganización de las estructuras al proteger recursos y mantener redes de apoyo, también pueden comprometer la confidencialidad de las investigaciones, facilitar la ocultación o alteración de pruebas, alertar sobre operaciones policiales y aumentar los riesgos para víctimas, testigos y funcionarios.
Advirtió que estas prácticas, además, debilitan la confianza ciudadana y dificultan tanto las denuncias como la colaboración con las autoridades. Determinar si esto ocurrió en los hechos recientes registrados en Pococí, dice, corresponderá a las investigaciones judiciales.