Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago, allanaron la mañana de este miércoles la oficina de la funcionaria ubicada en la Defensa Pública de la Vieja Metrópoli.
Los agentes judiciales además de detener a la defensora de apellidos Hernández Rojas, de 47 años, decomisaron indicios que permitan fortalecer la investigación.
Allanamiento Defensa Pública en Cartago
Los hechos investigados habrían ocurrido el 28 de mayo pasado, cuando Hernández, luego de una audiencia preliminar de su defendido, lo visitó en las celdas del OIJ de Cartago, específicamente en el área denominada Interlocutorio. Al parecer en ese sitio y en presencia de su representado de apellido Batista, la mujer habría escrito en una hoja membretada del Poder Judicial: “Él está vivo, hay que matarlo”, se la entregó a su auspiciado y le indicó que debía enseñarle el mensaje a otros dos sujetos que estaban en la misma audiencia por un delito de tentativa de homicidio.
El intento de asesinato ocurrió el 1.° de marzo de 2025 en el dique la Mora de Cartago, en contra de un miembro de la banda Los Maruja, organización que domina ese territorio y que está en disputa con los Gery en conjunto con la organización de alias Gordo Leo y Los Chacales. El ofendido recibió un disparo en la cabeza.
Los tres sospechosos fueron detenidos minutos después de los hechos por la Fuerza Pública, que recibió una alerta mediante la línea 911. A los hombres les decomisaron un fusil AR-14 y un M4, dos de ellos son oriundos de La Unión de Cartago, mientras que Batista es del cantón de Pococí, de Limón.
La funcionaria judicial representa a Batista, quien sería un supuesto miembro de la banda Los Gery y el mensaje escrito en el papel habría tenido como fin, informar a los sospechosos que el objetivo del atentado seguía con vida.
Investigadores de Cartago, tras conocer estos hechos, entrevistaron a testigos, decomisaron videos de las celdas y otras diligencias que permitieron imputar a Hernández por supuestamente incitar a su defendido a asesinar a un tercero, con el propósito de que esa persona no se presentará a un juicio.
Al finalizar el allanamiento, la sospechosa fue trasladada a celdas del OIJ y está a la espera de una audiencia ante el Juzgado Penal de Cartago.
El delito de favorecimiento real está contemplado en el artículo 332 del Código Penal y castiga con penas de tres meses a cuatro años de prisión, a quien “sin promesa anterior al delito, pero después de la ejecución de este procurare o ayudare a alguien a lograr la desaparición, ocultación o alteración de los rastros, pruebas o instrumentos del delito o a asegurar el producto o el provecho de este”.
La Defensa Pública, mediante un correo ratificó la diligencia “estamos a disposición de las respectivas autoridades judiciales para atender cualquier requerimiento que se nos solicite”, refirió ese despachó que evitó entrar en detalles por estar el caso en investigación.
