Todos los homicidios de La Unión en 2024 fueron por narcotráfico, dice Fiscalía
Topografía de Río Azul y Lindavista, con barriadas construidas en terrazas, dificulta la incursión de las fuerzas policiales y facilita la criminalidad, sostiene fiscala de la zona
En este sector de Lindavista, Río Azul de La Unión, ocurrió el doble homicidio luego de una riña al mediodía de este veirnes. Foto: Keyna Calderón.
En 2024, La Unión registró 16 homicidios, todos relacionados con el narcotráfico. Foto de archivo. (Alejandro Gamboa Madrigal)
Los 16 homicidios registrados en el cantón de La Unión, Cartago, durante 2024 están vinculados al narcotráfico, aseveró Katherine Quirós, fiscala coordinadora del cantón. Esta cifra representa el 21% del total de homicidios ocurridos en la provincia ese año (75), superando por un caso los 74 registrados en 2023.
Quirós explicó que estas muertes son producto de la constante lucha entre bandas narcotraficantes por el control de territorios para la venta de drogas. Entre las principales organizaciones y cabecillas criminales mencionó a alias Turco, en los sectores de Río Azul y Lindavista, territorios que también fueron controlados por Luis Ángel Martínez Fajardo, alias Pollo, así como a Los Gery, quienes operan en el cantón central de La Unión, Tres Ríos, Concepción, Dulce Nombre y San Diego.
Sobre Los Gery, Quirós detalló que su predominio en estas áreas surgió luego de que dos hermanos, dedicados al narcomenudeo, se aliaron con grupos criminales de Guápiles, Limón, y formaron una organización “fuerte e importante”.
En el pasado, miembros de esta agrupación, incluido uno de sus líderes, fueron condenados a prisión por homicidios y delitos relacionados con drogas. Sin embargo, según Quirós, “continúan con el liderazgo de este tipo de actividad criminal”, precisó en el programa Frecuencia MP.
La fiscala explicó que los homicidios ocurren cuando alguien que formaba parte de una organización criminal intenta iniciar su propia red de venta de drogas y apropiarse del negocio. “Aquí es donde vemos estos homicidios que, por lo general, se llevan a cabo bajo la modalidad de sicariato”, indicó. Esto significa que los autores intelectuales contratan a otras personas, vinculadas o no al grupo criminal, para ejecutar los asesinatos.
De los 16 homicidios registrados en La Unión en 2024, seis fueron resueltos con la identificación de los responsables, mientras que 10 se encuentran en investigación, según datos del Ministerio Público.
Uno de los casos más violentos ocurrió el 22 de agosto en Lindavista, cuando cinco hombres armados, uno de ellos con un fusil, alteraron el descanso de los vecinos de calle Laurel. Se sospecha que estos hombres son los responsables de asesinar a Johan Alonso Varela Morales, de 32 años; y Josefa Dolores Solís Chaves, de 23 años.
Producto de esa balacera, una banda de la zona respondió al ataque con más disparos y por eso, a 200 metros de la casa donde murió la pareja, en una cuartería, los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encontraron un tercer cadáver, de un hombre de 22 años identificado como Grieko Ramsés Vargas Miranda.
La falta de recursos y la fuga de personal dificultan la lucha contra el crimen. Imagen muestra el barrio El Fierro, en La Unión de Cartago. (Alonso Tenorio)
Temor en las comunidades
La venta de drogas y los homicidios asociados afectan la percepción de seguridad de los habitantes y generan temor en las comunidades. Según Quirós, esta una de las consecuencias de vivir en zonas donde operan estos grupos criminales, aunque la mayoría de los residentes no está involucrada en actividades delictivas.
“Hay un tema de temor, de desconfianza de salir a la calle, una sensación de inseguridad (...). Existe el temor de ser una víctima colateral”, señaló la fiscala. Este miedo se intensifica porque los sicarios no esperan la noche ni buscan evitar testigos, como antes; sino que cometen los homicidios en cualquier momento y lugar, lo que pone en riesgo a personas ajenas a los conflictos.
Además, Quirós advirtió sobre la participación de menores de edad como sicarios. Estos jóvenes, que abandonan el sistema educativo, son captados por grupos criminales mediante amenazas, drogas o dinero.
Entre los integrantes de estas bandas también se encuentran exconvictos que, tras cumplir condenas por delitos relacionados con drogas, regresan a estas estructuras criminales y continúan su vida criminal. Este panorama, sumado al miedo a represalias, lleva a los habitantes a abstenerse de denunciar puntos de venta de drogas o personas vinculadas al narcotráfico.
La topografía como aliada del crimen
Otro factor que favorece la actividad criminal es la topografía de ciertas zonas, como Río Azul y Lindavista. “Las características geográficas dificultan la incursión de las fuerzas policiales de manera tradicional”, afirmó Quirós.
Estas áreas están conformadas por asentamientos donde las viviendas se construyen una sobre otra, en laderas, con acceso a través de gradas. Esto facilita a los grupos criminales vigilar, desde arriba, tanto la venta de drogas, como la presencia de cuerpos policiales.
Adicionalmente, los delincuentes utilizan tecnología, como cámaras de vigilancia, para monitorear los movimientos de las autoridades. “También emplean sistemas de comunicación que dificultan su rastreo”, indicó la fiscala.
Las características geográficas de zonas como Río Azul y Lindavista, con viviendas construidas en laderas y de difícil acceso, facilitan la vigilancia de los grupos criminales y complican el trabajo de las autoridades.
Falta de recursos complica la lucha contra el crimen
La lucha contra el crimen organizado enfrenta grandes obstáculos por la escasez de recursos y la fuga de personal en el Poder Judicial. “Cada vez contamos con menos presupuesto, o se reduce el asignado a los cuerpos policiales. Por ejemplo, en el OIJ de La Unión, el número de trabajadores es reducido, lo que afecta el abordaje de estos fenómenos”, comentó Quirós.
A pesar de estas limitaciones, la funcionaria instó a la población a denunciar cualquier asunto relacionado con el narcotráfico. Las denuncias pueden realizarse de forma anónima a través del Ministerio Público y de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima. “Son las personas que están en las comunidades quienes saben lo que está ocurriendo y pueden identificar a los criminales”, agregó.
La Policía Judicial también recibe denuncias a través de la línea gratuita 800-8000-645 y el WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.
Autoridades deben lidiar con terrenos difíciles y tecnologías de monitoreo utilizadas por los delincuentes. Foto de archivo. (Alejandro Gamboa Madrigal)
