Por años, el nombre de Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro fue desconocido para la opinión pública costarricense. Sin embargo, para la agencia antidrogas de Estados Unidos, este hombre sería una figura clave dentro de una red transnacional de tráfico de cocaína que conecta Colombia con Texas, pasando por Costa Rica y el resto del istmo centroamericano.
Álvarez Alfaro, costarricense de 46 años, nacido el 20 de febrero de 1979, es ahora el blanco de una solicitud formal de extradición urgente presentada por la Embajada de Estados Unidos ante autoridades costarricenses, a raíz de informes que apuntan a una inminente fuga.
La solicitud cobra especial relevancia tras la reforma constitucional que permite extraditar costarricenses en casos de narcotráfico, vigente desde mayo de este año.
Logístico de la cocaína
Según un expediente penal tramitado en el Tribunal de Distrito del Este de Texas, Álvarez Alfaro no era un sencillo integrante de la organización narco investigada. Su rol, detallan las autoridades estadounidenses, era el de un operador logístico de alto nivel, responsable de:
- Recibir y almacenar cargamentos de cocaína en suelo costarricense.
- Coordinar el traslado de la droga hacia Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
Entre las organizaciones criminales con las que habría tenido contacto figuran el Clan del Golfo, uno de los principales actores del narcotráfico en Colombia, y el Cartel de Sinaloa, en México.
Operaciones documentadas en Costa Rica
Uno de los momentos más comprometedores de su historial ocurrió en julio de 2016, cuando las autoridades costarricenses de incautaron de 328 kilogramos de cocaína en San José, divididos entre una camioneta Toyota Hilux y una vivienda. Según testigos cooperantes identificados como CW-1 y CW-2, ese cargamento estaba destinado a Álvarez Alfaro.
Los testigos confidenciales también lo vinculan con:
- Una transacción de 300 a 400 kilos de cocaína en septiembre de 2016, por la cual él y sus asociados habrían recibido US$1,5 millones.
- Un envío de 300 kilos en 2017, entregado en Guanacaste para continuar su tránsito hacia el norte.
La acusación formal se presentó en mayo de 2021, y desde entonces pesa sobre él una orden de arresto federal vigente en Estados Unidos por los delitos de:
- Conspiración para fabricar y distribuir cocaína con destino a EE. UU.
- Distribución efectiva de cinco o más kilos de cocaína.
Bajo la lupa de la DEA
Las investigaciones que condujeron a la solicitud de extradición se basaron en una combinación de intervenciones legales de comunicaciones, testimonios de testigos protegidos y seguimientos realizados por agencias antidrogas, tanto en Estados Unidos como en Costa Rica.
En la actualidad, Álvarez descuenta dos meses de detención provisional, mientras avanza el proceso de extradición a territorio estadounidense.
Red de lavado de dinero
A las acusaciones por narcotráfico, también se suma su presunta vinculación con una red de legitimación de capitales, desarticulada a mediados del mes anterior en una operación policial conocida como caso Venus.
De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Jonathan Álvarez Alfaro aparece junto a su hermano y a un ciudadano guatemalteco de apellido Melgar entre los investigados en una estructura criminal dedicada al lavado de dinero, mediante una subasta ganadera en Pijije de Bagaces, Guanacaste, así como un portafolio de al menos 20 sociedades jurídicas en distintas partes del país.
Según el director del OIJ, Randall Zúñiga, la organización utilizaba ese tipo de negocios como fachada para introducir dinero ilícito en el sistema financiero, en un esquema que movió, solo en una empresa, más de ¢3.000 millones en transacciones durante un solo año.
El caso tiene su origen en la detención de un guatemalteco de apellido Melgar en el aeropuerto Juan Santamaría por transportar óvulos de droga. Tras cumplir condena, Melgar empezó a adquirir propiedades y bienes de alto valor, lo que despertó las alertas de las autoridades y derivó en su conexión con los hermanos Álvarez.
Las autoridades costarricenses investigan si parte del dinero proveniente de las actividades de narcotráfico de Jonathan Álvarez también fue canalizado a través de estas sociedades anónimas para aparentar un origen lícito.
Además de Álvarez, la semana pasada fueron detenidos en Costa Rica el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y el exconvicto Edwin López Vega, alias Pecho de Rata. Todos son requeridos por el gobierno de los Estados Unidos por su posible participación en narcotráfico.
Ellos serían los primeros costarricenses extraditados tras la reforma al artículo 32 de la Constitución Política, aprobada el 15 de mayo pasado, que autoriza la entrega de ciudadanos ticos por delitos de terrorismo o narcotráfico.
Con la reforma, en la Carta Magna ya se lee textualmente: Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, salvo que en casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo haya sido concedida la extradición por los Tribunales de Justicia, con estricto apego a los derechos fundamentales y garantías procesales reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes”.