EscucharAlejandro Arias Monge, alias Diablo ostenta el infame privilegio de ser el criminal más buscado de Costa Rica y una amenaza allende fronteras, pues el Gobierno de Estados Unidos ya ofreció una recompensa de $500.000 a quien brinde pistas para capturarlo.
Los costarricenses conocen a Diablo por las viejas fotos que circulan en prensa escrita y televisiva hace casi dos lustros. Sin embargo, ya no se sabe, a ciencia cierta, si esa cara regordeta y blanca y oscuros ojos achinados coinciden con la apariencia actual de Alejandro, el hombre de 40 años y padre de tres menores de edad.
Aunque hoy la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) lo califica como el cabecilla de una violenta organización criminal transnacional, vinculado a homicidios y narcotráfico, hace pocos años las autoridades lo señalaban como un supuesto ladrón de ganado en el Caribe, que luego escaló a cometer agresivos asaltos en la región.
Un expediente judicial, al que tuvo acceso La Nación, detalla la evolución delictiva de este sujeto, considerado una amenaza para la seguridad nacional.
Según el informe 21-000115-0622-PE, iniciado en el 2021, Arias Monge ha sido investigado por homicidio calificado, robo agravado, portación ilegal de armas y simulación de delito desde años antes. Con apenas 26 años, en el 2010, y después a sus 31, en el 2015, se le vinculó con dos homicidios y, aunque estuvo en prisión preventiva, fue liberado el 28 de octubre de 2016. Desde entonces, hace ocho años y ocho meses, se encuentra prófugo.
Su salida de prisión coincidió con un repunte delictivo en zonas como Cariari, La Rita, Roxana y Jiménez, en Pococí, así como en Guácimo. Una de las guerras que se le achacó a Diablo desde su salida fueron las pugnas territoriales contra otro sujeto, de apellidos Moreno Borbón, alias Pechuga.
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A partir de esa guerra, Michael Soto, entonces ministro de Seguridad en el 2021, insistió en que la forma en que demostraban su poderío era brutal y desmedida, ya que, dijo, entre las víctimas hubo personas decapitadas y calcinadas.
Además de la disputa contra Pechuga, se registraron ataques a camiones, comercios y, principalmente, fincas ganaderas.
Inicios en el hampa
Uno de los primeros expedientes en su contra es el 18-002915-0066-PE, donde se documenta cómo Arias Monge, a sus 34 años, ya era el presunto cabecilla de una organización criminal dedicada al robo de ganado a gran escala.
La agrupación ejecutaba asaltos violentos, ingresando armada y con pasamontañas a propiedades rurales, donde robaban no solo reses, sino también pertenencias de los finqueros.
Según el documento judicial, el grupo operaba con precisión: había conductores asignados, logística para el traslado del ganado y hasta custodios armados para proteger las rutas de fuga. En al menos una ocasión, la banda se llevó más de 200 reses en una sola noche, sin que las autoridades lograran detener a su líder.
“En apariencia, los sospechosos trasladaban las vacas vivas hacia San Carlos, donde las ocultaban para su posterior venta. En algunos casos, el ganado era movilizado hacia Siquirres, en Limón”, informó en su momento el Ministerio Público.
El entonces director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza (q.d.D.g), confirmó que la banda marcaba el ganado con fierros sobre su identificación anterior para que no se pudiera rastrear su origen y, además de San Carlos, también movían a las bestias a Upala y Sixaola.
Fuego cruzado en Guápiles
El 23 de abril de 2019, mientras seguía en fuga, Arias Monge apareció como protagonista de otro expediente: el 19-001002-0066-PE. Ese día, cinco personas que viajaban en un Hyundai Elantra, en Cascadas de Guápiles, fueron interceptadas por hombres armados con fusiles AK-47 a bordo de un Mitsubishi L200 verde.
Los atacantes dispararon contra los ocupantes del vehículo e hirieron a los cinco, entre ellos Yehicol Carrillo Alfaro y otro hombre de apellidos Pérez Flores, quienes sufrieron lesiones graves. Uno de los sobrevivientes identificó a Arias Monge, a otro sujeto de apellidos Mendoza García, alias Bato, y a Ulate Rodríguez como los supuestos autores del ataque. Solo Ulate fue detenido.
Pese a sobrevivir, Carrillo Alfaro no escapó de la sentencia del grupo. El 19 de junio de 2019, sujetos armados irrumpieron en una vivienda cerca del polideportivo de Guápiles y asesinaron a cuatro de los cinco ocupantes de aquel vehículo, entre ellos a Yehicol, de apenas 22 años y papá de gemelos.
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La masacre se produjo a las 12:15 a. m., cuando dos individuos con ropa oscura y encapuchados ingresaron a la casa y dispararon a las víctimas, que en ese momento estaban en la sala jugando PlayStation.
En el sitio del ataque murieron un menor de 15 años, cuya identidad no puede ser revelada, y Yehicol Carrillo Alfaro. En el Hospital de Guápiles fallecieron, poco después de su ingreso a la Sala de Emergencias, Richard Alonso Campos Morgan (22) y Arnold Villegas Chavarría (24). Todos presentaban balazos en la cabeza, el tórax, el abdomen y la espalda.
Marisel Rodríguez, entonces vocera de prensa del OIJ, dijo en aquel momento: “Ellos estaban ligados a algún tipo de venta de drogas (...). Al revisar la vivienda había marihuana, algunas piedras de crack y cocaína en dosis listas para la venta. Estas personas no se dedicaban a ningún oficio lícito conocido”.
La expansión del poder
Durante los años siguientes la guerra continuó; sin embargo, Diablo ganaba territorios e incrementaba su dominio en Pococí y otras zonas del país.
En el 2021, el OIJ abrió el expediente 21-000115-0622-PE por los delitos de asociación ilícita e infracción a la Ley de Psicotrópicos contra la organización de Diablo. Las autoridades lo señalan “como el cabecilla de una de las agrupaciones más violentas y estructuradas del país, con tentáculos que se extienden desde Limón hasta Alajuela, Heredia, Puntarenas, Cartago y San José”.
Según el informe policial, el grupo operaba y disputaba puntos de venta de drogas con el uso de fusiles “AK-47, AR-15, subametralladoras, granadas de fragmentación y explosivos TNT”. El fenómeno criminal se volvió cada vez más sofisticado, violento y hermético, lo que dificultó la labor de los cuerpos policiales.
El caso generó especial preocupación por la presunta colaboración de funcionarios públicos, incluyendo miembros de la Fuerza Pública de Pococí y un exfuncionario del OIJ, de apellido Delgado, alias Míster Músculo, quien según el expediente usaba sus conocimientos policiales para colaborar con la organización.
El poder del miedo
Según el expediente judicial, la violencia ejercida por el grupo criminal no solo tenía como fin eliminar rivales, sino también infundir terror en la población, lo que generó una notoria falta de colaboración ciudadana por temor a represalias. Las autoridades señalan que el grupo buscó el control absoluto del transporte, almacenamiento, distribución y venta de drogas.
La organización también expandió sus actividades a zonas como Sarapiquí, Ciudad Quesada, La Fortuna, Osa, Corredores y Turrialba. En todos los casos, las autoridades sostienen que el grupo recurre a la la violencia armada para tomar el control de territorios estratégicos para el narcotráfico.
Las investigaciones apuntan a que la agrupación liderada por Arias Monge legitimaba capitales a través de la compra y venta de ganado, adquisición de fincas, vehículos de lujo —algunos blindados— y comercios como farmacias, supermercados, bares, sodas y ventas clandestinas de lotería.
Estas acciones fueron el foco de la Operación Redención, en diciembre de 2023, cuando la Policía Judicial, con 600 agentes, allanó propiedades en Santa Rosa, Colorado, Ticabán, La Rita, Roxana y Barra del Colorado (Limón); La Fortuna (Alajuela); Coronado y Montes de Oca (San José); y Sarapiquí (Heredia) en búsqueda de Diablo y sus familiares.
En aquel momento fueron capturadas la pareja sentimental de ‘Diablo’, de apellidos Jiménez Villalobos (29 años); la hermana de esta, Marín Jiménez (42 años), y la hermana de Diablo, Arias Monge (43 años), quien aparentemente trabaja como enfermera para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En total, los allanamientos buscaban ubicar a las tres mujeres y a 26 hombres, incluyendo al padre de Diablo, de apellidos Arias Azofeifa (64 años), quien se entregó una semana después.
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En ese operativo se decomisaron tres revólveres, dos carabinas, seis vehículos, dos motocicletas, 70 cabezas de ganado, ¢7,2 millones y $504 en efectivo. Las autoridades también incautaron 600 reses, las cuales fueron subastadas, y congelaron 22 propiedades.
Recompensa internacional
El Gobierno de Estados Unidos anunció, el pasado 30 de abril, una recompensa de $500.000 (unos ¢250 millones) por información que conduzca a su captura.
“Arias tiene múltiples órdenes de captura en Costa Rica por narcotráfico, robo, homicidio agravado y lavado de activos”, detalla el comunicado oficial del Departamento de Estado.
Según la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Arias habría conspirado con narcotraficantes para transportar cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia. “La cocaína se contrabandea posteriormente a través de Costa Rica, Honduras y Guatemala hasta México, con destino final a Estados Unidos”, precisa el comunicado.
Michael Soto, subdirector del OIJ, informó que Diablo tendría un modus operandi para huir de las autoridades, el cual consiste en moverse por sectores montañosos cerca de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua.
“Por ahí está la Reserva Biológica Indio Maíz, entonces esta gente está en ese sector y se mete para allá porque no podemos pasarnos y, cuando nos vamos, regresan. Esa es la información que hemos tenido”, explicó Soto.
Asimismo, destacó que es la primera vez en la historia que Estados Unidos ofrece una recompensa de esa magnitud por información que conduzca al paradero de un presunto criminal costarricense.
