La Inspección Judicial de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación por acciones de sus funcionarios que habrían facilitado la fuga de tres sospechosos de traficar 1.235 kilos de marihuana de Jamaica hacia Limón.
Según la oficina de prensa de la Corte, este proceso responde a una carta enviada por el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata.
El pasado 12 de abril, Guardacostas y un avión de los Estados Unidos que participa en el patrullaje conjunto de nuestros mares divisaron una lancha sospechosa a unos 75 kilómetros de la costa limonense. Cuando los ocupantes de la embarcación vieron sorprendidos, comenzaron a tirar paquetes al mar.
Aún así, la Policía pudo incautar 1.235 kilos de marihuana y capturó a los cuatro hombres que viajaban en el barco.
Sin embargo, al día siguiente el juez Mauricio Perlaza, del Juzgado Penal de Limón, dejó libres y sin ningún tipo de medida cautelar a los sospechosos.
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El juez adujo posibles fallas en la cadena de custodia de la droga, ya que el número de paquetes reportado originalmente por Guardacostas difería del resultado final dado por la Policía especializada.
En ese sentido, Mata dijo en la misiva que históricamente se ha tomado en cuenta por parte de las autoridades judiciales el informe que entrega la Policía de Control de Drogas (PCD), y no los informes preliminares.
Lo anterior, porque se trató de una operación en altamar, peligrosa y sin la disponibilidad de suficiente recurso humano como para tener un dato preciso desde el inicio.
El ministro calificó de lamentable la decisión del juez y añadió que le resulta "particularmente preocupante" esa actuación, máxime que ordena la libertad de los cuatro encartados sin imponer alguna otra medida.
Para Mata, existe una "posible falta de fundamentación o errónea fundamentación por parte del juzgador".
La Fiscalía tampoco estuvo de acuerdo con las dudas que el Juzgado Penal alegó en cuanto a la cadena de custodia de la droga.
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El miércoles pasado la jueza, Xinia Marín Calvo, echó atrás la resolución de su colega y admitió la solicitud de seis meses de prisión preventiva contra los cuatro sospechosos, pero solo uno de ellos quedó preso, el resto aprovechó el compás de espera para fugarse.
Los que están en fuga son de apellidos Castro Miranda, Bernard Robinson y Joseph Alvarado, presuntos responsables de tráfico internacional de drogas y a quienes se les investiga según el expediente 17-000613-472-PE.
El que quedó detenido es de apellido Acuña, quien descuenta seis meses de prisión preventiva. Los cuatro son costarricenses y sus edades oscilan entre los 24 y 31 años.
Para la Fiscalía era indispensable dejar a los imputados en prisión preventiva para mantenerlos sujetos al proceso penal.
Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), afirmó que en el sistema judicial costarricense, como en muchos otros, toda resolución es susceptible de revisión en segunda instancia o apelación.
"En este caso, no podemos referirnos a la causa por la etapa procesal en la que se encuentra y la investigación administrativa que se abrió al juez decisor de primera instancia; sin embargo, lamentamos la fuga de estas personas que impide ejecutar la orden de detención dictada por la jueza de apelación", expresó.
La Nación trató de obtener una reacción del juez Mauricio Perlaza; no obstante, a través de la oficina de prensa del Poder Judicial comunicó que no se referirá al asunto, por ser un tema privado en investigación.
De acuerdo con el artículo 211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el plazo máximo para que la Inspección Judicial rinda la investigación administrativa o disciplinaria es de un año.