Diez personas fueron condenadas en España por introducir, en agosto del 2022, un cargamento de 1.469 kilogramos de cocaína por el puerto de Algeciras que venía oculto entre cajas de piñas en un contenedor procedente de Costa Rica.
Según información publicada este jueves por Europa Press, cinco de los sujetos fueron sentenciados a seis años y nueve meses de cárcel y al pago de 45.419.283 euros, y los restantes cinco deberán descontar once años en prisión y cancelar 150.000.000 euros.
Así lo dictó la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Algeciras, en Cádiz, luego de un juicio realizado entre el 13 y 15 mayo pasados. Las identidades de los imputados no fueron detalladas.
En el caso del primer grupo de sospechosos, detalla Europa Press, se les impuso una pena menor porque durante la vista oral reconocieron expresamente los hechos contenidos en el escrito de acusación de la Fiscalía.
La droga iba dentro de tarimas donde iba la piña La cocaína interceptada en el puerto de Algeciras, en España, iba oculta dentro de tarimas con piña procedente de Costa Rica. El cargamento fue detectado el 8 de agosto del 2022. Foto: Policía Nacional de España
El medio europeo informó de que el cargamento fue hallado, el 8 de agosto del 2022, por la Unidad de Análisis de Riesgos de la Guardia Civil de España luego de inspeccionar un contenedor que había llegado procedente de Costa Rica.
Los agentes observaron anomalías dentro de unas tarimas, pues estas contenían una serie de bultos de forma rectangular junto a la fruta, entre cuatro a seis pastillas por tarima, que tras el análisis resultaron ser cocaína.
Estudios posteriores señalaron que la droga tenía una pureza del 96,3% y su costo fue valorado en 45.419.283 euros por la Oficina Nacional Central de Estupefacientes.
Según Europa Press, los magistrados consideran probado que los acusados “de común acuerdo, se encargaron de la importación de las sustancias psicotrópicas intervenidas y de la vigilancia, seguimiento e intento de apropiación del contenedor cuya entrega vigilada se había autorizado tras su reemplazo, con la intención de la venta o distribución de la droga a terceras personas”.
