El Ministerio Público recibió 48 denuncias por presuntos delitos ambientales, presentados por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), tras un operativo especial desarrollado durante Semana Santa.
Según informó el Sinac entre el 12 y el 20 de abril, funcionarios de esa institución realizaron 2.491 acciones de control en Áreas Silvestres Protegidas (ASP), como patrullajes terrestres, retenes en carretera y recorridos acuáticos. Estos esfuerzos permitieron identificar a 46 personas que cometían delitos contra el ambiente, dentro de los que podrían encontrarse tala y caza ilegal o tráfico de animales silvestres, entre otras irregularidades.
Además, hicieron 34 decomisos de armas, equipos utilizados para tala ilegal, materiales de caza, así como la recuperación de fauna silvestre.
De acuerdo con los datos de esa institución hubo una reducción en temas de decomisos respecto a la Semana Santa de 2024.
En paralelo, se registraron 24 entregas voluntarias de animales silvestres, entre neonatos, ejemplares heridos y aquellos adquiridos legalmente en criaderos autorizados.
Durante el mismo periodo, 85.887 personas ingresaron oficialmente a las ASP. Sin embargo, las autoridades detectaron 162 ingresos informales, cuyos visitantes fueron devueltos a los exteriores de las zonas protegidas. Se contabilizaron 160 acciones específicas para controlar el acceso de turistas.
Franz Tattenbach, ministro de Ambiente, destacó la importancia de estos esfuerzos de control: “Todo este esfuerzo atenúa los impactos ambientales que podrían sufrir los recursos naturales, en un periodo donde ocurre una alta afluencia de personas residentes en los centros urbanos hacia las zonas rurales, en procura de recreación y esparcimiento”.
Datos del año anterior
De acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al cierre de este año, la institución registra 198 denuncias relacionadas con delitos ambientales, tales como el tráfico de animales, la venta de fauna silvestre mediante redes sociales y la comercialización de animales disecados, entre otros.
“Es una materia que no es tan rimbombante como el narcotráfico o los homicidios [...] Aquí (en Costa Rica) se trasiega prácticamente de todo”, denunció Randall Zúñiga, director del OIJ.
Las causas por afectaciones a los recursos naturales aumentaron significativamente en los últimos cinco años. En 2020, por ejemplo, el OIJ registró 61 denuncias, mientras que en 2021 estas ascendieron a 157 y este año, la cifra casi supera las 200.
Según el jerarca de la Policía Judicial, durante el 2024 el Organismo atendió denuncias por la venta de zorros, zorritos, escarabajos, larvas, mariposas, serpientes, iguanas, cocodrilos y monos, tanto vivos como disecados. Advirtió que algunas de estas comercializaciones se realizan por medio de redes sociales. Así lo señaló el pasado 18 de diciembre durante la presentación del informe sobre la situación de la criminalidad en el periodo 2019-2024.
Aumento mundial
La lucha contra los delitos ambientales tiene también un impacto mundial. En el año 2022 John Vega Fonseca, de la Sección de Biología del Departamento de Ciencia Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), precisó que el crimen ambiental es el cuarto negocio ilegal más lucrativo a nivel global, solo superado por el narcotráfico, la falsificación y la trata de personas.
Basado en el informe El auge del crimen ambiental (The Rise of Environmental Crime), Vega detalló que los delitos contra el ambiente generan entre $91.000 y $258.000 millones anualmente, al incluir prácticas como la tala ilegal, el tráfico de especies, la minería ilegal y otros daños a los recursos naturales.
Así mismo aseguró que con el pasar de los años el delito medioambiental incrementaría no solo en el mundo, sino que en Costa Rica.