Una funcionaria del Ministerio de Justicia y Paz (MJP), que funge como orientadora, enfrenta una investigación administrativa pues al parecer contrajo matrimonio con un reo.
El enlace entre la funcionaria y el recluso se habría llevado a cabo recientemente, pues al consultar los datos de la orientadora en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), se consigna que existe un “matrimonio en trámite”.
Este jueves por la noche, en un comunicado de apenas cinco líneas, el Ministerio de Justicia anunció la apertura de una investigación de oficio “para esclarecer la veracidad de los hechos.” Sin embargo, no brinda mayores detalles de si existe un posible conflicto de intereses.
Fuentes allegadas a ese despacho indican que pudo haberse dado una resolución administrativa que habría favorecido al recluso con un beneficio carcelario. Además, que la investigación determinaría si la funcionaria formó parte de ese trámite. La Nación le envió consultas al ministro de la cartera, Gerald Campos y a su oficina de prensa para confirmar o descartar esta versión, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
También se le consultó a la oficina de prensa sobre si en este caso aplica el artículo 40 del Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Justicia y Paz, que prohíbe establecer trato preferencial a los privados de libertad y sus parientes, pero tampoco hubo respuestas.
Sin emitir prejuicios
Por su parte, Benjamín Sevilla, miembro de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) aseguró a este medio que tienen conocimiento del caso. “La posición de ANEP es muy clara: no defiende a ninguna persona que establezca nexos indebidos con la población privada de libertad o personas señaladas por actos de corrupción”, externó.
“Sin embargo, por respeto a los principios constitucionales de defensa y presunción de inocencia, tampoco podemos emitir juicios de valor. Le corresponderá a la administración determinar la verdad real de los hechos, si la relación existe, si se gestó en el centro penal, si es una conducta sancionable por ley, entre otros. Por su parte, la funcionaria podrá ejercer plenamente su derecho de defensa. No podemos atentar contra la dignidad, decoro y honra de una persona y menos aún, si no se le ha demostrado culpabilidad”, agregó Sevilla.
El Colegio Profesional de Orientadores de Costa Rica, ante consultas de este medio, confirmó que está analizando el caso.
“Por el momento no podemos externar una posición, pues apenas se está iniciando con la investigación y por un principio de imparcialidad no podemos adelantar criterio. En caso de que se logre determinar alguna responsabilidad y se establezca por parte de los órganos competentes responsabilidad por parte de la profesional, se aplicará lo que estipulan los estatutos del Código de Ética del Colegio”, agregaron.
