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Ocho cubanos, que ingresaron al país de forma irregular, fueron sorprendidos mientras viajaban en el cajón de un vehículo que transportaba 138 cilindros de gas.
El hallazgo fue realizado por oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública, en un operativo de control que realizaban en el kilómetro 3 de La Gamba de Golfito, Puntarenas, sobre la carretera Interamericana.
De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, al momento de la detención los policías encontraron a dos cubanos que viajaban en los asientos delanteros; sin embargo, al acercarse al cajón alcanzaron a ver a cuatro hombres y dos mujeres más, todos adultos, que viajaban tratando de ocultarse entre los cilindros.
El camión circulaba con una placa provisional y sin techo.
De momento se desconoce si la intención de los extranjeros era llegar hasta la frontera norte para salir del país o si se dirigían hacia la capital.
El conductor del camión es un hombre de apellidos González Duarte, quien quedó a las órdenes de la Fiscalía de Golfito por el delito de tráfico de personas. Él será interrogado en el transcurso de este lunes y, una vez que conluya, la Fiscalía valorará la solicitud de medidas cautelares en su contra.
Por su parte, los cubanos recibieron atención humanitaria por parte de la Fuerza Pública y, tras corroborar su buen estado de salud, fueron trasladados a un hotel de Golfito mientras avanzan las investigaciones.
Ellos sí portaban el pasaporte pero sin sello de migración de ingreso a Costa Rica.
Según comunicó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), este es un nuevo método utilizado para el tráfico de personas.
Aparentemente, los foráneos habrían pagado $1.000 por el viaje, cuyos destinos y motivación no fueron revelados por las autoridades.
Los extranjero prefirieron no interponer denuncia en contra del conductor que los transportaba.
De los 26.000 migrantes que entraron a Costa Rica entre noviembre de 2015 y diciembre de 2016, en su intento por llegar a Estados Unidos, unos 8.000 eran cubanos, según cifras oficiales del Gobierno.
La Ley General de Migración y Extranjería esteblece penas de entre los cuatro y ocho años de prisión para quien promueva, planee, coordine o ejecute el tráfico ilícito de migrantes nacionales hacia un segundo, tercero o más países por lugares no habilitados o habilitados por la Dirección General de Migración y Extranjería. El castigo puede aumentar hasta los 10 años cuando el migrante es menor de edad o se pone en riesgo su vida.
