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Mujeres reclutadas por una banda desarticulada este martes en Siquirres eran las responsables de introducir a centros penales hasta 250 gramos de cocaína o marihuana ocultas en sus partes íntimas.
Con ayuda de pequeños cilindros, a los que llamaban coloquialmente bebés, las sospechosas del Caso Dalila ocultaban hasta un cuarto de kilo de cocaína o marihuana en el ano o la vagina.
Aunque les pagaban apenas ¢300.000 si lograban el objetivo, solo un gramo de cocaína dentro de la cárcel se vendía hasta en ¢23.000; eso significa que una carga completa podía valer ¢5.750.000.
Soto precisó que el negocio resultaba muy lucrativo para la estructura debido a la diferencia entre lo que les pagaban por el reclutamiento y lo que obtenían por la venta al menudeo dentro de las cárceles.
En el caso de la marihuana, cuyo gramo se vendía en ¢19.000, la misma cantidad significaba ingresos de aproximadamente ¢4.750.000.
El reclutamiento de estas mujeres estaba, presuntamente, en manos de una de las cabecillas de la organización, otra mujer de apellidos Sánchez Állen, de 32 años. Ella, al parecer, escogía a posibles cómplices en condición de vulnerabilidad.
Según Michael Soto, director interino de la Policía Judicial, la organización repitió esta maniobra en numerosas ocasiones en las cárceles de Sandoval ubicada en Limón, La Leticia, en Pococí, San Sebastián, en San José, La Reforma y Terrazas, en San Rafael de Alajuela y en Liberia, Guanacaste. La cantidad de episodios documentados no trascendió.
Policía penitenciario investigado
El director interino aclaró que Sánchez Allen y la otra mujer detenida (Monge Williams) como parte de esta investigación, ejercían papeles distintos.
La primera “se encargaba de todo lo que era introducción a centros penitenciarios, ella fue detenida en Jiménez de Guácimo. Y en La Francia está otra parte de la estructura que hacía las coordinaciones, ya bien fuera de sicariato o de venta de drogas”, explicó. Según el jerarca, ambas mujeres coordinaban entre sí, pero también había hombres encargados del sicariato y de la ejecución de los homicidios atribuidos al grupo.
El OIJ también detuvo en la cárcel La Leticia en Guápiles, Pococí, a un oficial de la policía penitenciaria de apellidos Mora Fallas.
Michael Soto confirmó que la investigación busca determinar si existió corrupción en esa institución. “Le encontramos un dispositivo electrónico mientras estaba laborando, entonces estamos con el Ministerio Público determinando esa situación”, dijo y agregó que, en apariencia, el oficial tendría algún tipo de contacto con la estructura criminal.
Soto reconoció que ese cuerpo policial apoyó y favoreció las labores de investigación en este caso.
