El Poder Ejecutivo amplió hasta el 2031 la vigencia del estado de emergencia nacional por los daños del temporal ocurrido en la vertiente del Caribe durante los días 22, 23 y 24 de julio de 2021.
La medida rige a partir de este jueves 12 de noviembre de 2026 tras su publicación en el diario oficial La Gaceta N.º 215, bajo el Decreto Ejecutivo N.º 45975-MP.
El documento lleva las firmas de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y del ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, quienes lo suscribieron el 19 de octubre de 2026.
La declaratoria original, emitida mediante el decreto ejecutivo N.º 43131-MP del 27 de julio de 2021 y publicada el 5 de agosto de ese año, abarca 14 cantones de cuatro provincias: San Carlos, Río Cuarto, Upala, Los Chiles y Guatuso, en Alajuela; Turrialba y Jiménez, en Cartago; Sarapiquí, en Heredia; y Limón, Pococí, Guácimo, Matina, Siquirres y Talamanca, en Limón.
El decreto de emergencia 43131-MP seguirá vigente por cinco años más.
La Nación remitió consultas a la CNE y a Casa Presidencial. Al cierre de edición, se está a la espera de las respuestas.
Razones de la prórroga y financiamiento
La Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) recomendó extender el plazo mediante el acuerdo N.º 089-08-2026, tomado en la sesión ordinaria del 6 de agosto de 2026.
Según el decreto, la recomendación se basó en criterios técnicos de la Unidad de Desarrollo Estratégico del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y el criterio legal de la Unidad de Asesoría Legal de la CNE.
Estas propuestas forman parte de las negociaciones del crédito para financiar obras de reconstrucción, aprobado mediante la Ley N.º 10954. Dicha norma avaló el contrato de financiamiento N.º 9653-CR entre Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para el Programa de Reconstrucción y Desarrollo Territorial Resiliente al Clima.
Las autoridades técnicas señalaron en sus oficios de julio y agosto de 2026 que el tiempo transcurrido y la falta de recursos generaron una acumulación de daños, riesgos y prioridades. Por ello, la CNE requiere actualizar datos, ajustar propuestas y recalcular costos para someterlos eventualmente a conocimiento de su Junta Directiva.
Millonaria inversión
Según el plan general de la emergencia, el costo total estimado de atención de la emergencia fue de ¢213.064 millones:
- Fondo Nacional de Emergencias (FNE) (ejecución por régimen de excepción): ¢172.001 millones.
- Recursos propios de las instituciones (ejecución por vía ordinaria): ¢41.062 millones.
Ese plan contempló una serie de obras de reconstrucción en las zonas afectadas por el temporal, entre ellas la intervención de cientos de kilómetros de carreteras, la reparación y construcción de puentes, la rehabilitación de diques y la reparación de viviendas.
Entre los proyectos de mayor inversión figuraban trabajos en diques a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), con montos que superaban los ¢51.600 millones; la intervención de 364 kilómetros de carreteras en el cantón de Limón, por ¢20.527 millones; y la reconstrucción de 278 metros de puentes en ese mismo cantón, por ¢3.050 millones.
También se contempló la reparación de 553 viviendas, con una inversión estimada en ¢6.854 millones. El documento incluyó, además, intervenciones en infraestructura ferroviaria, sistemas de agua potable y centros educativos.
Nuevo informe en 2031
El nuevo decreto ordena a la CNE rendir un informe antes del vencimiento de esta prórroga de cinco años. Con ese documento, el Poder Ejecutivo valorará la promulgación del cese definitivo del estado de emergencia.
El decreto fundamenta la decisión en el artículo 37 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (Ley N.º 8488), el cual establece que el cese del estado de emergencia opera cuando se cumplen las fases definidas en el artículo 30 y existe un criterio técnico de la CNE.
Además, el Poder Ejecutivo citó el dictamen C-131-2015 de la Procuraduría General de la República, emitido el 3 de junio de 2015.
En ese pronunciamiento, la Procuraduría indicó que el fin de una emergencia depende del cumplimiento de sus fases y no de un plazo fijo, por lo que las obras de reconstrucción pendientes no deben quedar sin financiamiento al cumplirse cinco años si aún no concluyen la protección de las personas y la recuperación de los servicios públicos.
La fase de reconstrucción de este evento inició el 9 de febrero de 2022, tras la publicación del Plan General de la Emergencia aprobado por la CNE en enero de ese año, y mantiene planes de inversión en distintas etapas de ejecución.