La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga a esta mujer por presunto peculado, sobreprecio irregular y falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados.
La funcionaria, de apellido Esquivel, ocupa el cargo interino de proveedora judicial.
Al finalizar la audiencia de medidas cautelares, en el II Circuito Judicial de San José, el juzgado determinó imponerle impedimento de salida del país, inhabilitación, prohibición de hablar o perturbar a testigos y prohibición de acercarse a 200 metros del Circuito Judicial de San José, por un plazo de seis meses.
La Fapta también investiga a un contratista privado de apellido Fallas, identificado como el proveedor aparentemente favorecido en contrataciones cuestionadas. Esta persona no fue detenida, según reportó el Ministerio Público.
El caso se tramita en la causa 25-000239-1218-PE y se investigan dos modalidades. La primera estaría relacionada con la supuesta adquisición irregular y sobreprecios en obras y mantenimientos mobiliarios; la segunda, mediante la presunta sustracción directa de fondos a través de anticipos ficticios de caja chica.
El fiscal adjunto de Probidad, Miguel Ramírez, explicó el jueves que el operativo se centró en la funcionaria de la Proveeduría Judicial, quien estaría “realizando una serie de labores que se encontraban bajo el régimen, digámoslo así, de corrupción interna”.
Ramírez destacó la rapidez con la que avanzó la pesquisa, ya que “el trabajo de investigación ha permanecido de una forma muy dinámica, muy rápida, muy célere, porque esto es importante determinarlo. Muchas veces se escucha que para ciertas cosas se hace una cosa y para otras se dura mucho tiempo”, indicó.
Las diligencias de investigación incluyeron un allanamiento en el Departamento de Proveeduría y otro en la Dirección de Tecnologías de Información (TI), ambos del Poder Judicial.
El origen de la pesquisa
Según el fiscal, el caso se originó a partir de una denuncia presentada el año anterior y continuada durante este, en la que las auditorías internas jugaron un papel determinante. “Detectando las irregularidades que corresponden como todas las auditorías del país, lo cual provoca en forma inmediata una reacción de parte de la Fiscalía Adjunta de Probidad”, explicó.
Ramírez añadió que el allanamiento en TI tenía como fin “buscar una serie de información que alimente de alguna manera el trabajo hecho en investigaciones anteriores y la auditoría”.
El fiscal adjunto enmarcó este caso en una línea de trabajo más amplia contra la corrupción dentro del propio Poder Judicial.
“El Ministerio Público, bajo la objetividad que reviste, acarrea un seguimiento a cualquier figura, ya sea que se trate de funcionarios públicos o funcionarios judiciales. Hemos estado actuando en algunas figuras con jueces, fiscales y con oficiales del Organismo de Investigación Judicial, ahora en la Proveeduría y entre otras situaciones que se puedan presentar, siempre en un marco general de actuación objetiva”, afirmó Ramírez.
A la proveedora interina se le tomará la declaración indagatoria y posteriormente se le solicitarán medidas cautelares, de acuerdo con lo que informó la Fiscalía.
