El asesor legal de la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud) fue destituido sin responsabilidad patronal por presuntas faltas graves en la revisión de un contrato por $2,3 millones entre la entidad y la empresa de Don Stockwell para la producción del concierto del rapero estadounidense Snoop Dogg, previsto para el 3 de diciembre del 2026 y recientemente cancelado.
El despido se concretó en una sesión extraordinaria convocada por la Junta Directiva de Asosejud 23 días antes de que Stockwell quedara detenido por presuntos vínculos con el supuesto cabecilla narco Edwin Vargas, alias Sobrino. En esa misma sesión, se acordó rescindir unilateralmente el contrato de financiación del concierto y notificar el cese al empresario Stockwell.
Así consta en la resolución que suspendió por un año a 10 miembros de la Junta Directiva mientras se investiga una supuesta administración fraudulenta.
El juez del Juzgado Penal de San José señaló que el asesor, de apellidos Azofeifa Anchía, era un potencial testigo en la investigación que sigue la Fiscalía Adjunta de Fraudes contra los funcionarios separados de sus cargos en Asosejud.
“Resulta evidente la utilización de sus actuales cargos para la eliminación de potenciales testigos y el amedrentamiento de los restantes colaboradores de la institución, poniendo en un serio riesgo la prueba testimonial”, dice el documento.
En el momento del despido, los miembros de la Junta Directiva ya tenían conocimiento de la investigación que la Fiscalía. Catorce días antes de la destitución del asesor, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron tres allanamientos en las oficinas de Asosejud como parte de la pesquisa.
Fue durante los allanamientos cuando las autoridades encontraron documentos relacionados con el contrato para la producción y comercialización del concierto de Snoop Dogg.
Los imputados en esta causa y sus defensas sostienen que los hechos se basan en una denuncia falsa anónima de excolaboradores de la asociación y que “no existe ni por asomo indicios de un delito de administración fraudulenta”.
La inversión en el concierto
La resolución que impuso las medidas cautelares señala que, durante agosto del 2026, el imputado y gerente de la Asociación, de apellidos Villalta Fallas, intervino en la operación de financiamiento entre Asosejud y Stockwell Entertainment por $2,3 millones.
Habría otorgado el visto bueno a una factura por $1,6 millones, que posteriormente sustentó una solicitud de transferencia de fondos al exterior por ese mismo monto.
La solicitud de transferencia habría sido firmada el 27 de agosto del 2026 por el presidente de la Junta, un funcionario de apellidos Quesada Madrigal, y el vicepresidente de la Asociación, de apellidos Ovares Chavarría.
Durante la sesión extraordinaria en la que se cesó al asesor legal y se terminó el contrato, estuvieron presentes Quesada Madrigal, Ovares Chavarría y otros miembros de apellidos Loría Aguilar, Conejo Valverde, Calvo Zamora, Montes Fennell, Ocampo Rodríguez y Rojas Calvo.
Ellos determinaron que hubo una falta grave por parte del asesor legal, por presuntamente incumplir con su responsabilidad de revisar en todos sus extremos el contrato de financiación del concierto, que contravenía la Política de Inversión de Asosejud.
En la resolución, se le achaca a Quesada Madrigal que, pese a contar con una maestría en Dirección de Empresas y 32 años de experiencia en la Dirección Jurídica del Poder Judicial, habría evadido su responsabilidad al indicar que desconocía las irregularidades y el extremo riesgo del contrato que él mismo firmó como presidente y que habría comprometido el patrimonio de todos los asociados.
En declaraciones a este diario, Quesada defendió que la asociación se encuentra completamente sólida, “monolítica financieramente, con excedentes, con un capital que sobrepasa cualquier entendimiento de una actividad comercial en el solidarismo”.
La resolución del Juzgado señala que, en contubernio con el resto de los miembros, habrían decidido despedir al asesor legal, “quien es un potencial testigo en el presente proceso”. Agrega que los funcionarios habrían utilizado sus cargos para eliminar eventuales testigos y amedrentar a los restantes colaboradores de la institución, “poniendo en un serio riesgo la prueba testimonial”.
La resolución de medidas cautelares indica que la inversión era riesgosa porque la recuperación del capital estaba vinculada a los ingresos obtenidos mediante la venta de entradas y otras fuentes del evento. “El contrato reconocía expresamente que no existía garantía de ganancias y que la inversión dependía del resultado económico del concierto”.
Por otro lado, la Política de Inversión de Asosejud establece que las inversiones debían orientarse hacia la búsqueda de rentabilidad y seguridad de los fondos. Estas estaban estructuradas en categorías determinadas: reserva de liquidez, reserva de excedentes (certificados a plazo en entidades autorizadas) e inversiones a la vista, mediante sociedades administradoras de fondos de inversión (SAFI). La inversión en el concierto no encaja en ninguno de estos requisitos, de acuerdo con el juez.