EscucharSan José (Redacción). El Tribunal Penal de Hacienda exoneró hoy miércoles al expresidente de la República, Rafael Ángel Calderón Fournier, en una demanda por daños que había presentado la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por la venta de equipo médico del préstamo finlandés.
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Un error en la notificación al expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) Eliseo Vargas García, ocasionó que no iniciara este martes el juicio civil por el caso Caja- Fischel. (Rafael Pacheco/ Archivo)
Los jueces resolvieron que la entidad aseguradora no logró demostrar que con el empréstito de $32 millones se hubiese adquirido equipo con sobreprecio, innecesario o en mal estado. El crédito se ejecutó entre el 2002 y el 2004.
Este proceso civil se desarrolló desde el 6 de marzo en los Tribunales de Goicoechea y su resultado fue dado a conocer esta tarde en un boletín el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
La resolución también benefició al expresidente ejecutivo de la Caja, Eliseo Vargas García; al exgerente de Modernización de esa entidad, Juan Carlos Sánchez Arguedas; el expresidente ejecutivo de la Corporación Fischel, Wálter Reiche Fischel; así como el exabogado de esa empresa, Randall Vargas Pérez, y el exgerente de O. Fischel R & Cía., Marvin Barrantes Vargas. El fallo también favoreció a las empresas Corporación Fischel S. A. y O. Fischel R& Cía S. A., las cuales figuraban como codemandadas.
William Rodríguez, abogado de la CCSS, dijo que va a esperar la sentencia integral, la cual debe notificarse el 10 de junio, para presentar la respectiva apelación a la sentencia.
Rodríguez explicó que, por lo que dijeron los juecies, pudo determinar que los argumentos son contradictorios. Al respecto, alegó que ellos (los jueces) dicen que no se demostró daño, pero en el debate se aportaron informes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de la Auditoría de la Caja e informes provenientes de Finlandia, en los cuales se afirma que los equipos eran innecesarios y que se pagó sobreprecio.
Por estos mismos hechos se había condenado penalmente a Calderón, Vargas García, Sánchez, Reiche y Barrantes, a tres años de prisión por delitos de peculado. En tanto a Vargas Pérez, le impusieron dos años por destrucción de documento y falsedad ideológica.
