EscucharEl proceso judicial que se sigue en contra de dos jueces y tres fiscales, detenidos el 21 de junio por supuestamente brindar información sensible de causas penales al exjuez Luis Diego Ulloa, asesinado en Cartago en febrero pasado, continúa su curso tras haberse resuelto una apelación que lo mantenía en pausa.
Inicialmente, el Juzgado Penal a cargo del caso había admitido una gestión de la defensa de los sospechosos en la que se solicitaba la anulación de los actos procesales que dieron lugar a la apertura de la causa, entre ellos el acceso a prueba relevante y la cadena de custodia aplicada, la ampliación de un informe policial y la orden de allanamiento emitida por un juez.
En esa primera audiencia, el Juzgado también acogió la petición de los defensores, en la que se pretendía determinar errónea la apertura de esta investigación, con el antecedente de una causa que se sigue por el homicidio del exjuez Ulloa, de 43 años.
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Empero, en una segunda instancia, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública declaró con lugar una apelación presentada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, y determinó que es completamente legítima la prueba obtenida a partir del otro proceso penal antes mencionado.
Asimismo, la instancia resaltó que el Ministerio Público tiene la potestad de abrir nuevos procesos y realizar las diligencias que considere pertinentes, en caso de que surjan nuevos delitos de acción pública durante una investigación criminal.
De esta manera, se permite el avance del proceso penal que se sigue contra dos jueces de apellidos Sánchez y Padilla, así como de tres fiscales de apellidos Ulloa, Kikut y Darcia, a quienes se les investiga por los delitos de tráfico de influencias, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, divulgación de secretos y cohecho propio. Al parecer, el juez fallecido recibía información sobre los casos penales que tramitaba.
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Las detenciones
Los empleados judiciales fueron detenidos el 21 de junio anterior, luego de que la Fiscalía y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaran ocho sitios en La Unión, Goicoechea y San José, en busca de pruebas documentales y electrónicas. Ese mismo día la Fiscalía Anticorrupción confirmó la detención de una tercera jueza, que laboraba en el Juzgado Penal de La Unión, de apellido Cabezas, de 33 años, quien también está relacionada con este proceso.
Los allanamientos se realizaron en el Juzgado Penal y la Fiscalía de La Unión, la Fiscalía de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José, la casa del juez Sánchez y la de sus padres, el Juzgado de Tránsito del Tercer Circuito Judicial de San José, una oficina judicial de Tecnología de Información, y la vivienda de la fiscal Ulloa, hermana del exjuez penal y litigante Luis Diego Ulloa Rodríguez.
Inicialmente, a los arrestados se les impusieron diferentes medidas cautelares. Al juez de apellido Sánchez se le dictó un mes de prisión preventiva, mientras que a los otros imputados el Juzgado Penal les impuso prohibición de acercarse a testigos del caso y a los tribunales de La Unión, impedimento de salida del país, suspensión del cargo (excepto en el caso de Padilla), la obligación de firmar periódicamente una vez al mes ante la Fiscalía de Probidad y mantener domicilio fijo.
En una revisión posterior se determinó que los imputados pueden seguir apegados al proceso sin cumplir ninguna medida cautelar, pues se constató que todos han cumplido con los llamados judiciales.
Karen Valverde, quien estaba a cargo de la Fiscalía General el día de los allanamientos, lamentó las presuntas actuaciones y aseguró que el sistema de justicia procesará a los sospechosos de corrupción, independientemente de quiénes sean.
Exjuez había sido inhabilitado al incumplir con declaración jurada de bienes
El exjuez Luis Diego Ulloa era defensor de presuntos integrantes de bandas criminales de La Unión y, según la investigación de la Fiscalía, habría contado con el apoyo de los seis funcionarios detenidos para agilizar su labor.
Ulloa era vecino de Patarrá y fue asesinado el 27 de febrero mientras conducía un vehículo y desconocidos en moto le dispararon en varias ocasiones en Dulce Nombre de La Unión. Al parecer Ulloa intentó huir del lugar, pues su cuerpo quedó fuera del carro, cerca de la puerta del conductor, la cual quedó abierta.
La víctima fue juez penal en Osa en el 2011, posteriormente, ocupó el cargo de juez 4 en el Tribunal de Pérez Zeledón. También fue juez coordinador del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela y juez penal de La Unión.
Entre el 18 de octubre de 2022 y el 18 de octubre de 2024, estaba inhabilitado para ejercer cargos públicos, ya que la Contraloría General de la República lo sancionó por no presentar la declaración jurada de bienes, conforme a lo estipulado en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, según consta en la resolución N.º 16923-2022. Posteriormente, renunció a su cargo en el Poder Judicial.
