Dos días después, el domingo 3 de octubre por la noche, tanto la madre como su hijo fueron liberados, de nuevo en el distrito de Río Claro; sin embargo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no reveló si para que esto ocurriera hubo algún pago de por medio. Tampoco trascendió cuál fue el monto que los secuestradores solicitaron a los parientes de los ofendidos, quienes esa misma noche fueron llevados a un centro médico para una revisión en la que se determinó que su condición de salud era buena.
La Policía Judicial considera clave la alerta temprana que dio la familia a las autoridades, ya que esto permitió a los agentes judiciales realizar diversas tareas de inteligencia y negociaciones con los sospechosos.
Este miércoles, tres días después de la liberación de la mujer y el bebé, los presuntos responsables de los hechos fueron detenidos, dos de ellos, de apellidos Cortés Porras (64 años) y Martínez Boria (40), luego de allanamientos en viviendas de Ojo de Agua y la ciudadela Renacimiento, en Ciudad Cortés. El tercero, apellidado Álvarez Córdoba (55) fue localizado en vía pública en San Marcos de Tarrazú, San José.
A Cortés se le atribuye ser el dueño del inmueble en que la mujer y el menor estuvieron privados de libertad, al Álvarez se le achaca ser autor intelectual y ejecutor de los hechos, así como el responsable de la logística, mientras que el último fue el negociador y además se encargó de custodiar a las víctimas, quienes estuvieron en una de las casas allanadas.
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Esteban Obando Ramos, jefe del OIJ en Corredores, Puntarenas, detalló que el trabajo realizado en este caso fue posible gracias a la coordinación de funcionarios de la Unidad de Secuestros de la Policía Judicial y la Fiscalía, que les apoyaron en todo el proceso, hasta concluir este miércoles con los allanamientos y capturas.
“Durante el fin de semana hubo llamadas extorsivas de parte de los sospechosos, por ello se realizó un operativo conjunto con diferentes autoridades internas del OIJ para lograr ubicar y liberar a una mujer y su hijo, quienes fueron liberados el domingo. Este miércoles se realizan dos allanamientos y se da con los presuntos responsables”, aseveró Obando.
Durante las diligencias se decomisaron aparatos telefónicos y otras evidencias que los agentes judiciales consideran de valor para la investigación. Además, en uno de los sitios allanados se localizaron indicios de que hubo un menor de edad en la estructura.
Los sospechosos fueron pasados al Ministerio Público con un informe del caso, con el objetivo de que se defina su situación jurídica. Ahí serán indagados en las próximas horas y después remitidos al Juzgado Penal de Golfito para la audiencia de solicitud de medidas cautelares. El ente acusador del Estado detalló que de momento los hechos que se investigan en el expediente 21–001853–0062–PE, son privados, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal.
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El Código Penal, en su artículo 215, establece una pena de 10 a 15 años de cárcel “a quien secuestre a una persona para obtener rescate con fines de lucro, políticos, político–sociales, religiosos o raciales”. Empero, ese apartado tiene algunas excepciones, ya que aunque establece una pena menor si la víctima es liberada en buenas condiciones y sin pago de por medio, destaca que si en el hecho delictivo participan dos o más personas y hay un menor de edad como ofendido, el castigo puede aumentar hasta los 20 años.
Información actualizada a la 1:42 p. m. con más datos.
