Ese es un cambio, que más allá de lo físico, brinda más seguridad. ¿Por qué? Porque, cuando se sujetaba con cintas, los reos podían cortarlas y así burlar su control. Ahora, no pueden cortarla con tijeras, cuchillos o sierras.

Si quieren abrir la tobillera, necesitan una llave electrónica que permanece en custodia de los policías penitenciarios.

Sin embargo, esa no es la única diferencia. Según la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), contratada por el Ministerio de Justicia para este proyecto, hay una serie de mejoras tecnológicas que se le hicieron a las tobilleras electrónicas para los que beneficiarios no vulneren el aparato.

Este mecanismo se le coloca a individuos que deben cumplir prisión preventiva o incluso a sentenciados, cuando un juez considera seguro que lo hagan fuera de prisión pero con monitoreo.

El número de personas en esa condición pasó de 540 personas a principios del 2018, a 1.196 en la actualidad, según informó Justicia, hace dos semanas.

Empero, no todos acatan debidamente las condiciones. A octubre del año pasado, 160 personas incumplieron las medidas cautelares, lo que representó un 15% del total (1.068 reos) de aquel momento.

Debido a esas situaciones, las autoridades de Justicia solicitó una mejoría en el dispositivo, que usaba la tecnología Synergye.

La ESPH realizó un análisis de mercado y concluyó que había una tecnología mejor: Geosatis (suiza), la cual es utilizada en países de América del Sur, Estados Unidos y algunas naciones europeas.

Eso sí, por esa solución tecnológica, Justicia no desembolsa más dinero: continúan pagando los $17 diarios; es decir, $510 mensuales (unos ¢315.000) estipulados en el contrato inicial.

Desde el año pasado comenzaron a cambiar esos dispositivos viejos, pero no fue hasta octubre que le metieron el acelerador al proceso. Actualmente, quedan unas cinco personas pendientes de la modificación, señaló la ESPH.

Ubicación precisa

Entre los cambios más importantes, a criterio de la ESPH, está la precisión que se hizo de la ubicación del reo a través del sistema GPS.

Daniel Vargas, técnico de esa empresa, detalló que bajo esta nueva solución tecnológica, el aparato puede conectarse a cualquier operador tanto dentro como fuera del país para emitir señal.

Antes, indicó, el dispositivo no tenía señal si estaban en zonas alejadas o si estaban en alguna de las dos fronteras. “Se perdía así la ubicación del recluso”, apuntó.

Además, los nuevos dispositivos tienen tres sensores: el de inercia (detecta falta de actividad), el de temperatura (mide la temperatura de la pulsera y la batería) y el lumínico (detecta intentos de sabotaje o ruptura de la estructura).

La tobillera puede detectar si el monitoreado está en reposo horizontal o si está de pie, si está caminando, trotando, corriendo o, incluso, nadando.

Esa condición permite generar estados de ahorro de batería “muy significativos” en caso de que el beneficiario esté en reposo.

En ese sentido, la batería también tiene mejoras importantes, entre ellas están que se cargue de forma inalámbrica. Además, tarda, como máximo, 45 minutos en cargarse.

A nivel físico, la tobillera pesa180 gramos y está hecha de policarbonato, lo cual la convierte en algo resistente a fuerzas superiores a 120 kilogramos.

Su forma ergonómica, indicó la ESPH, evita que roce la piel del monitoreado y tiene tres tallas: T2 (pequeña), T1 (mediana) y T3 (grande).

“No es solo un tema de seguridad el que se garantiza con esto, sino que también tiene que ver con algo ligado a mayor comodidad para los beneficiarios”, detalló el técnico Vargas.

Pese a que el nuevo dispositivo no tiene un aumento en el precio diario que paga Justicia, el Ministerio pidió la aprobación de un presupuesto extraordinario por ¢6.000 millones para hacerle frente a obligaciones en la atención de privados de libertad.

Del total solicitado, ¢4.000 millones será para atender a la creciente población de monitoreados con este dispositivo electrónico.