El jerarca de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), Ulises Álvarez Acosta, figura entre las cuatro personas detenidas, la mañana de este martes, como parte de una investigación por supuestas anomalías en el otorgamiento de permisos bautizada como el caso Comején.
La captura de Álvarez fue ordenada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, junto con la de otros dos funcionarios de Setena, de apellidos Quirós Brenes y Gutiérrez Durán; y la de un empresario apellidado Murillo Martínez.
De acuerdo con un boletín del Poder Judicial, a estas cuatro personas se les investiga como sospechosas de cometer los delitos de tráfico de influencias, cohecho propio e impropio, y penalidad del corruptor. Una denuncia fue el origen de la pesquisa.
“En apariencia, estas personas se dedicaron a la comisión de delitos de corrupción, para la presunta obtención de beneficios indebidos en los trámites de viabilidad ambiental, los cuales debían ser aprobados por personal de esa institución”, señala el comunicado.
Las detenciones fueron ejecutadas por agentes de la Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como parte de un operativo que incluyó 14 allanamientos en la sede de la Secretaría, y otros puntos.
Randall Zúñiga, director del OIJ, explicó que el caso fue bautizado como Comején, ya que este tipo de insecto, también denominado termita, destruye la madera. Indicó que los sospechosos proporcionaban todos los medios necesarios para que los permisos se otorgaran a compañías a cambio de un pago.
“Cuando se requiere un permiso para poder obtener algún tipo de viabilidad ambiental, se requiere contratar a personas o empresas consultoras, quienes son las que se encargan de hacer todos los trámites para poder obtener un permiso para un tercero”, explicó.
Zúñiga manifestó que por esta causa son investigadas nueve personas en total, pero que este martes únicamente se requirió la detención de cuatro de ellas.
Ante consulta de La Nación sobre el caso, el Departamento de Comunicación Institucional del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), indicó: “De momento nos pondremos a las órdenes de las autoridades para colaborar en lo que sea necesario y no podemos dar más detalles porque hay una investigación en curso”.
La Secretaría Técnica Nacional Ambiental se creó el 13 de noviembre de 1995, por medio de la Ley Orgánica del Ambiente, N.º7554.
Este órgano de desconcentración máxima del Minae tiene como propósito fundamental armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos, así como analizar las evaluaciones de impacto ambiental y resolverlas dentro de los plazos previstos por la Ley General de la Administración Pública.
Advertencia previa de Contraloría
En agosto de 2022, una auditoría sobre el manejo de riesgos realizada por la Contraloría General de la República (CGR) reveló que Setena es vulnerable a actos de corrupción en el otorgamiento de permisos ambientales para proyectos de construcción.
Según el órgano fiscalizador, la Secretaría no consideraba el riesgo de corrupción, el cual, de materializarse, permitiría obtener o conceder beneficios particulares. Además, aseguró que la entidad no contaba con un Plan Estratégico actualizado, ya que el último abarcó del 2015 al 2018.
“Es importante considerar la existencia de prácticas poco adecuadas, pues en algunos casos la Comisión Plenaria (uno de los órganos de autoridad) designa como revisor de un expediente por parte de esta Comisión, al representante de la misma institución que solicita la viabilidad ambiental, y concentra en algunos funcionarios la revisión técnica de expedientes de un mismo desarrollador, lo que a su vez impide la separación de funciones incompatibles y la rotación sistemática de labores”, reza la auditoría DFOE-SOS-IF-00008-2022, fechada el 25 de agosto del 2022.
La CGR también advirtió sobre la necesidad de corregir, modernizar y mejorar las deficiencias administrativas y organizacionales de Setena, tales como el exceso en los plazos en la mayoría de los trámites y la existencia de denuncias e investigaciones judiciales contra funcionarios de la entidad “por presuntos actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones”.
Asimismo, advirtió de que el sistema de control de riesgos de ese órgano estaba desactualizado e incompleto, por lo que insistió en que nunca se consideró el riesgo de corrupción u otros riesgos para el proceso de evaluación ambiental.
Según la Contraloría, en el momento de realizar la auditoría, había una ausencia de separación de funciones incompatibles, falta de rotación sistemática de labores y ausencia de autoevaluaciones periódicas del personal. Además, alertó sobre la existencia de estructuras paralelas.
Colaboró el periodista Juan Fernando Lara.
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