Con este documento se buscó hacer una auditoría para “revisar las acciones de control que ejerce la Dirección de Servicios de Seguridad Privados (DSSP) del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), sobre la actividad de personas físicas y jurídicas que prestan ese tipo de servicios, verificando que dichas acciones se realicen en apego al orden jurídico vigente”.

Para el análisis usaron de muestra los datos del 1° de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2019; no obstante, en algunos casos, utilizaron una muestra mayor, confirmó la CGR.

Por ejemplo, en ese estudio se desprendió que, al 30 de marzo del 2020, había 633 empresas inscritas ante la DSSP.

De esa cantidad, un 80% no realizó la actualización del inventario de armamento, de municiones y demás equipo requerido para las labores de seguridad, que se debe realizar por medio de la página ControlPas y que es una obligación que dicta la ley.

Un 16% sí actualizó la información en alguno de los años (no se precisa en cuál o cuáles) y solo un 4% sí actualizó los datos cada año, como debe hacerse, señaló la CGR.

En cuanto a la actualización sobre el cambio de personal que la ley obliga hacer a estas empresas de forma semestral, solo fue hecha por un 13% de las 620 compañías registradas al 20 de mayo pasado.

El 61% no actualizó los datos, mientras que un 26% lo hizo pero de forma incorrecta.

Además, la Contraloría señala que “no hay evidencia” de que las autoridades hayan realizado las acciones de control necesarias para asegurar que las empresas no registren un número de agentes superior al 10% del total de los miembros de la Fuerza Pública, que es lo establecido por normativa.

Según la Contraloría, una de las más grandes debilidades está en que la Dirección de Servicios de Seguridad Privados delega todo lo referente a este tema a ControlPas; sin embargo, eso “no permite identificar cuándo, cómo y quién va a llevar a cabo ese monitoreo y seguimiento de la actualización semestral de los inventarios que exige la ley”.

Por último, indica la CGR, pese a que la DSSP envía comunicados a las empresas para recordarles que incumplir con la actualización la información implica hasta una suspensión, “no existe un determinado control individualizado que monitoree en el Sistema ControlPas el cumplimiento de esa actualización semestral que exige la ley.

“Tampoco existe el seguimiento a esos comunicados que alerte en los casos donde no se actualice la información”.

Se intentó obtener una reacción al informe por parte del Ministerio de Seguridad Pública, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Procesos sin trazabilidad

El informe también entró a conocer cómo se manejan los procesos cuando una empresa recae en un incumplimiento.

De las primeras situaciones que señaló, es que tanto los sistemas de información usados por el Departamento de Inspecciones como por el departamento legal son bases de datos en formato de Excel.

Para la CGR, eso “no permite una trazabilidad entre la información relacionada con las presuntas irregularidades que se derivan del proceso de inspección y el trámite que se le da a esas gestiones por parte del Departamento legal, así como la realimentación de los resultados de esas investigaciones preliminares”.

Para ejemplificar, se indicó que, en el 2018, se generaron 18 investigaciones preliminares por supuestas irregularidades. Solo en una de ellas se pudo evidenciar el seguimiento que se le brindó al caso.

En el 2019, se abrieron ocho expedientes y, al igual que en el año anterior, solo uno es trazable.

Sobre el caso específico de la base de datos usada por el departamento legal, se descubrió que no permite verificar información, como procesos realizados, apelaciones, prescripción y sus razones, cuál es el incumplimiento más frecuente.

Tampoco deja que se conozcan las razones del estado final del procedimiento, sea que haya resuelto una sanción o el archivo del expediente.

“La Dirección no ha definido los controles pertinentes en relación con la trazabilidad de los sistemas de información utilizados por el Departamento Legal y el Departamento de Inspecciones (...) Estas debilidades detectadas podría incidir en que no se tenga certeza del estado actual o el resultado de las presuntas irregularidades cometidas”

Lo anterior implica, a criterio de la Contraloría, que no se puedan tomar “oportunamente” decisiones en cuanto al control y priorización durante el proceso de inspección.

Por ello, es que, al finalizar el informe, se le solicita a Roberto Méndez, director de la Dirección de Servicios de Seguridad Privados, o a quien ocupe su cargo que tome las medidas necesarias para dar una mayor trazabilidad de estos procesos, así como mejorar el control al punto que se pueda tener claro cuál es el comportamiento de estas empresas de vigilancia privada.