EscucharUn padre, su hija y otros tres hombres, fueron condenados a un total de 138 años de prisión por dos homicidios calificados y una tentativa de homicidio perpetrados en Matina y Pococí de Limón en el 2015. Los agresores contaron con la complicidad de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, quien no fue juzgado porque permanece en fuga desde el 2016.
El Tribunal Penal de la Jurisdicción Especializada contra la Delincuencia Organizada (JEDO) impuso una condena de 50 años de prisión contra un hombre de apellido Alvarado, y 25 años de cárcel para Rigoberto Tenorio Calvo, de 79 años, e igual pena contra su hija, apellidada Tenorio Pérez, de 38.
Asimismo, un hombre de apellido Rodríguez recibió una sentencia de 28 años de prisión, mientras que otro, apellidado Marchena Guevara, fue condenado a 10 años de cárcel. Todos ellos cumplirán prisión preventiva por un plazo de un año mientras adquiere firmeza el fallo 08-2024, dictado por los jueces Mariela Villalobos Soto, quien presidió; Rodrigo Salas Rojas y Hugo Monge Delgado.
Marchena Guevara, de 51 años, recibió la pena más baja, ya que su rol fue de intermediario para la contratación de sicarios. Él tiene antecedentes por robo y receptación desde el año 2002.
Los asesinatos ocurrieron en 2015 en el contexto de presuntas disputas relacionadas con el narcotráfico, donde Diablo ya aparecía involucrado en estas actividades ilícitas.
Uno de los homicidios atribuidos al grupo es el de Ademar Jiménez Gómez, quien, junto con otras personas, planeó robar ¢20 millones y 10 kilos de cocaína que pertenecían al sentenciado Tenorio Calvo, líder de la organización criminal.
Durante el robo, los delincuentes ingresaron a la propiedad de Tenorio, ubicada en Palmitas de Cariari, Pococí de Limón. Allí agredieron a un trabajador y sustrajeron el dinero y la droga utilizando armas de fuego.
Tras este incidente, Tenorio Calvo y su hija contrataron a un grupo de sicarios para asesinar a Jiménez, así como a otros dos hombres, de apellidos Chaves y Rodríguez. La ejecución del crimen fue encargada a los imputados Alvarado y Rodríguez, junto con Diablo y Pérez, quienes continúan prófugos.
En el razonamiento de la sentencia de este lunes, el juez Rodrigo Salas Rojas, dijo que las escuchas de conversaciones telefónicas fueron determinantes para inculpar a los sentenciados.
Añadió que el plan de venganza contra la primera víctima, que fue Ademar Jiménez, obedeció al robo que éste perpetró en la casa de Rigoberto Tenorio.
Los mensajes de texto telefónicos analizados como prueba, revelan la forma en que se contactó a Alvarado y se acordó con él el pago de una suma millonaria por los servicios de sicariato.
Alejandro Arias Monge, alias Diablo, y otro hombre de apellido Pérez no han sido recapturados para enfrentar este proceso judicial.
Planeación y ejecución de los crímenes
Tenorio y su hija contactaron a Alvarado, entregándole un adelanto de dinero para llevar a cabo los asesinatos. Posteriormente, Alvarado se reunió con Rodríguez y Pérez, a quienes ordenó ejecutar el asesinato de Ademar Jiménez el 22 de enero de 2015, utilizando un fusil AK-47.
Ese día, Jiménez fue recogido en un taxi informal en Ticabán y trasladado a un barrio cercano llamado El Encanto. Allí, junto con Diablo y Pérez, lo privaron de su libertad, lo ataron de pies y manos, lo amordazaron y lo mantuvieron cautivo por varias horas.
Finalmente, lo llevaron en un taxi hasta Cariari, donde le dispararon en la cabeza y la espalda con el fusil, causándole la muerte instantánea en un bananal. Después, rociaron su cuerpo con un hidrocarburo y lo quemaron en un 95%.
En marzo de 2015, Alvarado, Rodríguez y Pérez, junto con alias Diablo fueron contratados para asesinar a Pablo Castro Barrantes, un comerciante de Matina que se dedicaba a la instalación de vidrios.
El crimen ocurrió en barrio Goli. Los sicarios, utilizando una motocicleta, localizaron a Castro en su vehículo, donde estaba acompañado de un sobrino menor de edad. A pesar de la presencia del muchacho, le dispararon en la cabeza en varias ocasiones, causándole la muerte.
De acuerdo con la Fiscalía, el pago por el asesinato de Castro fue de ¢6 millones.
