Además, en el 2017 hubo 1.146 casos puestos en conocimiento de las autoridades.

Wálter Espinoza Espinoza, director de la Policía Judicial, reconoció que esta problemática les preocupa, por el incremento en la cantidad de denuncias y la sofisticación al cometer los delitos.

Agregó que gracias a las investigaciones desarrolladas desde el 2017 han detectado grupos que operan desde el Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma, en San Rafael de Alajuela, pero también han detectado células en cárceles de San Carlos y Pérez Zeledón.

En la actualidad no manejan un dato exacto de las agrupaciones existentes, pero sí pueden certificar que el 100% de las estafas telefónicas se cometen desde centros penitenciarios. Allí los delincuentes se han especializado en estrategias de persuasión para que las víctimas brinden acceso a sus cuentas bancarias.

Para el funcionario, una de las dificultades es que al estar en un área concentrada y cerrada, los hampones tienen algún tipo de protección, ya que no se les puede dar seguimiento como se hace cuando una banda opera desde fuera.

“El perjuicio económico va en aumento y no hay posibilidades razonables de detenerse de una manera pronta para proteger el patrimonio y la tranquilidad de las personas.

"El dinero no suele recuperarse en estos casos, es por eso que no hay que brindar datos por vía telefónica”, insistió el jerarca.

Según los datos del OIJ, el perjuicio económico de las estafas contabilizadas en el 2017 fue de ¢2.166 millones. Un año después, las cifras preliminares estiman la afectación en ¢1.555 millones; no obstante, como todavía se trabaja en la elaboración de informes ese dato alcanzaría los ¢3.000 millones.

Por aparte, las autoridades calcularon el daño económico de cuentas en dólares para los tres años en $2,8 millones adicionales.

Casos en otros penales

Espinoza reconoció que a lo largo del tiempo también han atendido casos en las cárceles de San Carlos y Pérez Zeledón, pero ahí han logrado intervenir para combatir el problema.

Precisó que en esos lugares detectaron dos células pequeñas y fue mediante el decomiso de celulares que se acabaron las denuncias.

“Esas cárceles tienen menos población y el control es menos difícil”, mencionó el jerarca judicial.

Asimismo, destacó que solo en Alajuela entre el 15 de julio y este 14 de agosto se recibieron 137 denuncias por fraudes, lo cual es una cantidad considerable para una provincia.

Para Espinoza es vital que la población y el Estado comprendan que en estos casos la delincuencia actúa sin violencia y le apuesta a los delitos de carácter informático para enriquecerse.

“Hay personas que se están dedicando a obtener dinero por vía telefónica y la única manera de obtener un resultado positivo es recordándole a la gente que no conteste llamadas”, dijo el director del OIJ.

Añadió que por más esfuerzos que se hagan, es posible que esta forma de operar “perversa e inteligente” persista, por lo que también es necesario que el Estado revise los sistemas de contención que se están utilizando.

El jerarca reclarmó por las dificultades que tienen, como Policía Judicial, para acceder a datos de cuentas bancarias y eso significa un atraso en el proceso de investigación.

"He insistido en que necesitamos armas de investigación, no es posible que si una persona pone una denuncia el 1.° de enero por una estafa telefónica y nos da los datos de su cuenta, nosotros duremos hasta cinco meses en obtener la información porque no tenemos posibilidades inmediatas de ingresar a los sistemas y saber qué se hizo el dinero.

“Eso nos limita de seguirle la huella al dinero, por lo que no tenemos posibilidades de permitir a la víctima recuperar los fondos”, puntualizó Espinoza.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Paz reiteró que mantienen una coordinación estrecha con las autoridades judiciales para prevenir y desenmascarar las estafas desde la cárcel.

Información actualizada a las 6:54 p. m. con más datos del OIJ.