El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) logró asestar un fuerte golpe a la industria del secuestro en el país al detener la madrugada del miércoles a una banda criminal sospechosa de secuestrar al menos a dos empresarios costarricenses.
Los detenidos son 10 hombres y una mujer, a quienes se les vincula directamente con el secuestro extorsivo de Jorge Angulo Navarrete, de 45 años, dueño de los gimnasios George Angulo, ocurrido el 4 de enero, así como el secuestro del presidente de Agrosuperior, Jaime Gurdián Moreno, de 66, perpetrado el martes 27 de junio.
Dicha banda estaba conformada por dos grupos: uno que ejercía la “administración” y otro la ejecución del secuestro (”los perpetradores”), informó el director interino del OIJ, Rándall Zúñiga López.
Los primeros organizaban el ataque, se encargaban de las negociaciones y del cobro del rescate para el cual exigían transferencias en bitcoin, moneda digital que luego convertían a colones.
Entre los seis cabecillas está un ingeniero en sistemas informáticos, quien vive en Desamparados, San José, con su esposa. “Son los que se dedicaron a negociar el rescate y tomar el dinero que se pagó en bitcoin, trasladarlo a colones, etcétera”, declaró Zúñiga.
Tal ingeniero, agregó, tiene conocimiento sobre el manejo de criptomonedas y él junto a los demás cabecillas eran quienes se dejaban la mayor parte del dinero.
El grupo de los “perpetradores” era el encargado de ejecutar el ataque y la retención de la víctima. Se trata de cinco hombres que viven en Cartago y quienes tienen antecedentes por asalto, agresión y posesión de armas.
Inicialmente, el OIJ planeó detenerlos en sus casas ubicadas en El Tejar, La Pitahaya o el proyecto Manuel de Jesús Jiménez. Sin embargo, la noche del martes todos viajaron hacia Jacó, en Garabito, Puntarenas, donde alquilaron una casa de playa para vacacionar.
Al amanecer de este miércoles, fueron capturados en esa vivienda en la cual había 28 personas. “Parte del dinero que obtuvieron lo gastaron rápido, compraron algunos artículos. Pagaron deudas, compraron motos, ropa, se fueron a la playa, etc. Todo eso estará siendo decomisado”, añadió el director policial.
Para lograr la captura de la banda, el OIJ y el Ministerio Público realizaron 10 allanamientos simultáneos en Cartago, Heredia, Jacó, Grecia de Alajuela y Desamparados y Curridabat, en San José, en los que participaron 200 oficiales y 70 vehículos judiciales.
“Durante la investigación de ese secuestro, en la parte resolutiva, este mismo grupo empieza a hablar de un tercer secuestro, un ‘tercer toque’, como le llaman ellos. Con las detenciones de este grupo en específico, ya se detendría la ola de secuestros. Fueron dos y, probablemente, iban a hacer un tercero”, confirmó Zúñiga.
En los operativos se hallaron ¢5 millones y $4.000 en efectivo, así como cajas fuertes cuyo contenido estaba por ser revisado este miércoles.
Los montos que pagaron familiares y amigos de las víctimas no trascendieron. Ante consultas de La Nación, el jefe policial respondió que no podía referirse a ese detalle.
Tampoco detalló el tipo de inteligencia que utilizaban para identificar a las víctimas. “Eso es parte de lo que se está tratando de identificar, ya decomisamos celulares y computadores personales para ver si existe algún vínculo o elemento en común entre ambos secuestros, si alguien los pone o entrega como se dice popularmente, o si son situaciones aisladas”, dijo.
Para la Policía, es evidente que existe relación entre ambos casos, pero reconoce que necesita más evidencia para confirmarlo.
Tras su captura, los 11 aprehendidos, con edades entre 30 y 50 años, quedaron en manos del Ministerio Público para que determine su situación jurídica. Al cierre de esta publicación, sus identidades no habían sido divulgadas.
Un caso llevó a otro
En conferencia de prensa, el director del OIJ y el fiscal general, Carlo Díaz, dieron un mensaje de tranquilidad al país al aseverar que en realidad la industria del secuestro no ha florecido en el territorio nacional, porque solo se dan de ocho a 12 casos al año. La cifra puede resultar elevada si se toma en cuenta que muy pocos de estos casos trascienden públicamente.
Detallaron que por la investigación que ya se había realizado con el caso del empresario Jorge Angulo fue más fácil detener a la banda luego del secuestro de Jaime Gurdián.
Angulo fue capturado el miércoles 4 de enero en uno de los gimnasios de su cadena en San Pedro, Montes de Oca, y liberado dos días después en Sarapiquí. “Fue un calvario. El monto pagado por el rescate no lo voy a revelar. Fue en bitcoin”, contó Jorge Angulo Mora, su padre, quien fue diputado entre 2010-2014.
Gurdián, en tanto, fue interceptado el martes 27 de junio en La Uruca y quedó en libertad el viernes 30 en Heredia tras el pago de un rescate, también en bitcoin.
“Es un mito que no se pueda rastrear (el destino de las criptomonedas). Nosotros tenemos la posibilidad y tecnología para hacer el rastreo prácticamente de cualquier situación a nivel informática. Como OIJ tenemos la herramienta y el personal calificado. En la historia de los secuestros con criptomonedas, todas han sido las personas identificadas”, declaró Rándall Zúñiga.
Allá por 2018, quienes secuestraron a William Sean Creigthon Kopko luego de ir a dejar a un amigo a Granadilla, Curridabat, también cobraron en bitcoin. La familia del estadounidense pagó $900.000 en criptomonedas, pero él nunca regresó y en setiembre del 2019 fue hallado sin vida enterrado en una fosa en Quepos. En mayo del 2022 la banda fue condenada.
Éxito de operación dependerá de condena
Para el catedrático y asesor antisecuestros, Gerardo Castaing, el éxito policial de esta operación del OIJ es innegable, pero no se concretará hasta tanto se consiga una sentencia condenatoria contra los sospechosos.
“Policialmente está excelente, pero siempre y cuando todas las evidencias que han recopilado le permitan al Ministerio Público hacer una acusación sostenida y lograr que los tribunales dicten una sentencia”, resaltó el criminólogo y exagente del OIJ.
Castaing agregó que mucha de esa responsabilidad también está en la dirección funcional que dio el fiscal a cargo del caso. Asimismo, destacó que es claro que en el país la industria del secuestro no ha prosperado.
“El secuestro como una industria como se conoce en otros países como Colombia y México no ha ocurrido por la diferencia de condiciones entre los países, más bien se da por imitación, cuando grupos que están dedicados a asaltos, robos en casas y hasta de combustible deciden incursionar en esta modalidad. Pero es una cuestión ocasional, no es común todos los años”, aseveró.
Rescates en bitcoin
Como se indicó, en los dos secuestros que se le achacan al grupo, el rescate se exigió en bitcoin. De acuerdo con especialistas, desde hace unos dos años ese es el principal método de pago que solicitan los delincuentes por los secuestros en Costa Rica.
Aunque seguirle la pista a estas transacciones virtuales es complicado, expertos en el área de seguridad consultados por La Nación aseguran que las autoridades nacionales se han capacitado y han obtenido experiencia para descifrar estos métodos de pago en actividades delictivas.
El exministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, explicó que desde 2020 los pedidos de rescate por secuestros en el país se han hecho mayoritariamente en monedas virtuales, ya que así los criminales pueden encubrir el dinero. Destacó que aunque el proceso para ubicar esta plata es complicado, sabe que el OIJ lo está haciendo y “tiene todos los profesionales para ello”.
Rafael Ángel Guillén, exdirector de ese cuerpo policial, también sostuvo que la Policía Judicial tiene gente altamente preparada para negociación, persecución y vigilancia tecnológica en secuestros, pero que sin duda intervenir procesos con monedas virtuales “es más difícil para la investigación, porque el dinero no es tangible y puede circular en el mundo sin vigilancia”.
Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de la empresa de ciberseguridad ESET, detalló a este diario que el proceso de transacciones de las criptomonedas o monedas digitales es similar al proceso de las transacciones con dinero tradicional. Sin embargo, en lugar de utilizar un intermediario centralizado como un banco o entidad financiera, las transacciones se llevan a cabo mediante la tecnología blockchain o cadena de bloques.
El proceso es el siguiente:
1. Una persona inicia una transacción enviando una cantidad específica de criptomonedas desde su billetera digital a la dirección de otra persona.
2. La transacción se verifica mediante un proceso conocido como minería, en el que los mineros (generalmente ingenieros) utilizan sus computadoras para resolver algoritmos matemáticos complejos y asegurar que la transacción es válida.
3. Una vez que la transacción ha sido verificada se agrega a un bloque en la cadena de bloques, que es un registro público y permanente de todas las transacciones realizadas con criptomoneda.
