En un nuevo intento por desahogar el sobrepoblado régimen penitenciario, el Ministerio de Justicia optó por sacar, además, a reos reincidentes para pasarlos a un sistema semiabierto, siempre que hayan cometido solo dos delitos menores.
Anteriormente, la medida se aplicaba para quienes tuvieran una sola condena.
El cambio se desprende de la circular 8-201 emitida por esa entidad el pasado 5 de abril, con el fin de bajar el hacinamiento y cumplir una resolución del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, del 17 de marzo, donde se ordena egresar a 380 reclusos en los próximos dos meses.
El objetivo de este egreso masivo es descongestionar, específicamente, la cárcel Gerardo Rodríguez en Alajuela, la cual tiene una sobrepoblación de casi 1.000 reos. En total, el sistema carcelario del país tiene un hacinamiento del 45,85%; es decir, 4.187 reclusos de más.
El nuevo oficio derogó la circular 05-2015, emitida el 24 de agosto del año anterior y, con ello, flexibilizó algunos de los criterios usados para conceder los beneficios carcelarios.
Ahora, por ejemplo, se permite no solo que los reincidentes salgan, sino que también pueden hacerlo quienes cumplen su sentencia en siete años o menos. Antes se reubicaba a los reos que cumplían condena en menos de cinco años.
Asimismo, con la nueva disposición pueden obtener este beneficio quienes no tienen trabajo, a diferencia de la primera circular, que lo otorgaba solo a quienes tenían opción laboral.
De momento, los centros penales analizan quiénes podrían ser beneficiados.
Con el anterior oficio fueron reubicados 1.015 presos, entre agosto 2015 a abril de este año.
En detalle. Según el documento, los beneficiados no deben tener “más de dos sentencias a penas de prisión durante los últimos diez años”.
Reynaldo Villalobos, director de Adaptación Social, advirtió de que las dos condenas deben ser por delitos menos lesivos, como robos, estafas, extorsiones simples y tráfico de drogas pero solo a nivel local.
“Como se dice que la circular 05 fue insuficiente para bajar el hacinamiento, tenemos que tomar estas medidas. Si son dos delitos menores, no vemos por qué no poder darle el beneficio. Si una persona tiene más de dos condenas, pues tendría una reincidencia importante y esos casos no entrarían ni a valoración”, aseveró.
Sin trabajo. Sobre el cambio en el criterio laboral, la nueva directriz apunta: “El Instituto Nacional de Criminología indicará a los directores de las cárceles cuándo pueden incluir en los listados a personas que no cuenten con opción ocupacional”.
El documento agrega que la población que será reubicada en los cuatro centros semiinstitucionales (CASI) con “vocación agrícola”, tendrá la facilidad de buscar un empleo cuando esté fuera de prisión, pero no establece un plazo para hacerlo.
Los centros que tienen estas facilidades son los de San Luis, Nicoya, Limón y Pérez Zeledón.
Villalobos detalló que el preso trabajaría en el penal mientras consigue otra opción.
“A los reclusos se les complica mucho obtener un trabajo y esta es una opción que se da para que ellos, los fines de semana, puedan conseguir un lugar en una institución pública o privada”, mencionó el director.
‘Sin lesiones’. Villalobos admitió que tuvieron que “ampliar los criterios” para poder cumplir con la orden judicial. Pero, aseguró, “todo se continúa haciendo con rigurosidad”. Incluso, auguró que esto no incrementará la reincidencia en los beneficiados.
Según estadísticas de Justicia, solo tres de cada 100 presos volvieron a prisión después de estar ubicados en un CASI.
“No estamos lesionando la rigurosidad, en lo absoluto. Solo estamos intentando alcanzar a mayor población y así acatar la orden judicial. Las personas que se reubicarán seguirán los controles que tenemos para darles seguimiento a los casos”, señaló.
Además de las redistribuciones de presos, Villalobos detalló que también trabajan en crear nuevos espacios para alivianar la sobrepoblación: 24 módulos en la cárcel La Reforma; cuatro arcos modulares (dormitorios) en esa misma prisión y uno más en la de Pococí, así como el levantamiento de siete unidades productivas.
En cuanto a los arcos modulares de La Reforma, se suponía que estarían listos el 8 de febrero pasado, pero los empleados de la empresa Constructora Mavacón S. A., que tenía adjudicado ese proyecto desde el 2015, abandonaron las obras el 17 de febrero por ausencia de pago.
En el caso del arco modular de Pococí, será inaugurado a finales de este mes, añadió Villalobos.
Por su parte, dos de las siete unidades productivas están por construirse. Se trata de la de San Rafael de Alajuela y de Pococí; la de Pérez Zeledón sigue en proceso de licitación.
Según estimó Villalobos, estas obras estarían finalizadas a principios del próximo año.