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Un juez frenó la entrega del libanés Ziad Akl a la justicia canadiense, para que permanezca en Costa Rica y enfrente el proceso por los delitos que presuntamente fueron cometidos en nuestro país.
El foráneo se encuentra en el Centro de Aprehensión Temporal del Extranjero en Condición Ilegal (Cateci), ubicado en Hatillo, al que fue trasladado por la Dirección de Migración con la idea de extraditarlo a Canadá, donde enfrenta cargos relacionados con una riña que sostuvo en un bar de Laval, Quebec, en diciembre del 2009.
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En aquel hecho también habría participado su hermano, Elías Akl, quien murió asesinado producto de un ataque a balazos frente al Colegio Mount View, en Escazú, el 15 de mayo de 2017. En el sitio también falleció uno de sus guardaespaldas.
Tras los hechos ocurridos en Canadá, los hermanos permanecieron en fuga desde diciembre del 2009, hasta que en el 2014, cuando las autoridades capturaron a Ziad Akl, en Boston, Estados Unidos. Se desconoce en qué momento quedó en libertad.
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Aquí se le sigue causa por los delitos de tentativa de homicidio, extorsión, privación de libertad y asociación ilícita, bajo el expediente 16-029873-0042-PE. El caso que se encuentra en la fase final de investigación, precisó la Fiscalía.
Por ese proceso, Akl permanecía en prisión preventiva desde el 17 de mayo del 2017, medida que venció la semana pasada.
Él fue detenido horas después del crimen de su hermano, cuando intentaba salir hacia El Salvador, para luego dirigirse a Nueva York.
La Fiscalía pretendía la ampliación del encarcelamiento, pero el Juzgado Penal ordenó la sustitución por otras medidas cautelares: firmar cada quince días, la entrega del pasaporte, impedimento de salida del país y mantener el domicilio que brindó. Estas se mantendrían por seis meses.
El Ministerio Público apeló la decisión, por lo que una nueva audiencia se realizará en el Tribunal de Pavas este martes a las 8:30 a. m.
Contra Elías Akl, fallecido el año pasado, se habían presentado 18 denuncias por extorsión, relacionadas con préstamos que otorgaba principalmente a pequeños comerciantes y taxistas, a quienes, supuestamente, intimidaba y amenazaba para asegurar los pagos.
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