Desde el 11 de marzo al 15 de junio, solo 19 reos mayores de 65 años fueron sacados de la cárcel Adulto Mayor, en Alajuela, y reubicados en un régimen semiinstitucional, pese a que esa población es la de mayor riesgo por el nuevo coronavirus.
La información fue facilitada por el Ministerio de Justicia y Paz ante una consulta de este medio sobre el avance de las reubicaciones para proteger a los presos más vulnerables al covid-19.
Se desconoce el perfil tanto de salud como criminal de los beneficiados.
Según indicó la cartera, 16 adultos mayores salieron gracias a la primera circular emitida por el Instituto Nacional de Criminología (INC), órgano encargado de otorgar beneficios carcelarios.
En esa directriz 2-2020, con fecha 11 de marzo y que fue derogada, el INC buscaba proteger a lo que ahí se consideró que era la población de mayor riesgo: adultos mayores, diabéticos, hipertensos, mujeres embarazadas o con niños en lactancia.
Mediante la segunda y última circular, la 4-2020 emitida el 21 de abril, han salido únicamente tres adultos mayores, informó Justicia.
Esta directriz, que aún sigue vigente, fue hecha como respuesta a solicitudes de varios jueces de Ejecución de la Pena, que ordenaron abarcar a más población porque, de lo contrario, se podría estar a las puertas de un contagio ‘masivo catastrófico’ de covid-19.
Es decir, pidieron analizar el caso de cualquier persona con enfermedades crónicas, sin importar su género ni edad.
Al 12 de junio, había 137 personas recluidas en el centro penal Adulto Mayor, el cual está dentro del complejo penitenciario conocido como La Reforma.
No trascendió cuántos de esos reos están a la espera de una valoración del INC.
Se le consultó a Justicia sobre el porqué no se han hecho más reubicaciones si ellos mismos han enfatizado en que se trata de la población de mayor riesgo; también se preguntó si afrontan algún tipo de dificultades a la hora de hacer este tipo de valoraciones.
“No existe ninguna limitación. Las valoraciones se llevan a cabo de acuerdo con los criterios médicos y técnicos. La edad no es una condición per se para que, de forma automática, se ordene el cambio de modalidad a personas adultas mayores que descuentan una pena”, respondió la oficina de prensa.
Actualmente, ni un solo reo de ninguna cárcel del país ha salido contagiado con el nuevo coronavirus; dentro del sistema penitenciario, únicamente un policía ha dado positivo con la enfermedad.
Lento proceso
En total, desde que llegó el virus al país, se han hecho 139 reubicaciones entre todos los centros penales.
Bajo la primera circular, se realizaron 116, mientras que con la segunda se han hecho solo 23.
Se consultó cuántas valoraciones están en estudio en este momento, pero Justicia solo indicó que quedan pendientes “algunas”.
La cárcel con más reubicaciones fue el Centro de Atención Integral (CAI) Antonio Bastida, en Pérez Zeledón, con 23; le sigue Adulto Mayor, con 19, y Vilma Curling (mujeres), con 16.
Los que menos han tenido población trasladada a un régimen semiabierto son el centro penal de Limón, con tres, y la Unidad de Atención Integral (UAI) Pabru Presberi, con dos.
Sobre los datos, Justicia comunicó que el número de reubicaciones no es algo que preocupe al INC, ya que este “no se rige por criterios cuantitativos”.
Por el contrario, están muy enfocados en analizar de forma exhaustiva cada caso que llega a sus manos, para asegurarse de que la salida no significa un riesgo ni para el beneficiado ni para las víctimas.
Además, insistió, el expediente médico no es el único aspecto por analizar en estas posibles reubicaciones, sino que también cruzan información de carácter criminal.
Ese conjunto de información ha hecho, por ejemplo, que se niegue la salida a reos de alto riesgo, ya que “la gravedad de los delitos y los informes técnicos de avance en los procesos individuales indican que la persona no está lista aún para salir a un espacio semiinstitucional”, aseveró el Ministerio.
Por su parte, Roy Murillo, juez de Ejecución de la Pena de San José, indicó que, debido a que este es un proceso que le compete única y exclusivamente a Justicia, no cuenta con mayor información.
“La responsabilidad final de asegurar un proceso de descongestionamiento carcelario o de asumir el riesgo de atender la población desde el propio sistema, frente a la pandemia del covid-19, es exclusiva del Ministerio de Justicia y de una u otra manera deberá dar cuentas y razones oportunamente; es su obligación asegurar el derecho a la salud y la vida de la población penal”, recalcó Murillo.
Indicó, eso sí, que mantiene comunicación directa con la dirección de la cárcel Vilma Curling, en Desamparados, sobre el proceso de egreso de población con factores de riesgo; empero, no ahondó en esto. “Es mucha la rigurosidad del proceso, frente a una situación tan grave como el covid-19″, agregó.
Cárcel más grande con solo dos reubicaciones
En los datos facilitados por Justicia llama la atención que solo se han hechos dos reubicaciones en el CAI Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, en Alajuela.
Este centro penal es el más grande del país. Según datos de Justicia a enero de este año, la capacidad real era de 2.873 espacios, mientras que su población rondaba los 4.311 reos.
Es decir, tenía un hacinamiento del 50%.
Bajo la primera circular, fechada en marzo, se hicieron esos dos traslados, mientras que por la última directriz no hay ni un solo movimiento.
Sobre esto, Justicia recalcó que, en materia de valoraciones, no se trabaja por cuotas.
“Que el Jorge Arturo Montero sea el centro más grande del país no implica, de ninguna manera, que sea el que más privados de libertad tenga que enviar a un régimen semiinstitucional”, subrayó la entidad.
Al 17 de junio, el INC tenía 28 valoraciones pendientes de reos que están en La Reforma.