Esa decisión provocó que el Tribunal Penal de Limón tuviera que pedir un permiso especial al Ministerio de Salud, para que se autorizara el traslado de los enfermos a celdas judiciales del Segundo Circuito Judicial de San José, donde se les instaló una pantalla en un pasillo, para que puedan estar pendientes del debate, que se encuentra en la fase de presentación de prueba documental.

Para ello, se emitieron una serie de lineamientos que estipulan, entre otras cosas, la limpieza y desinfección de las celdas, de cualquier equipo tecnológico que se utilice para el desarrollo del juicio de forma virtual, así como también del transporte utilizado.

Flavio Quesada Sánchez, secretario general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), manifestó que las diligencias realizadas este lunes corresponden a un acatamiento de las órdenes dadas por los jueces limonenses.

“No fue posible realizarlo por medios tecnológicos desde los centros penitenciarios donde se encuentran recluidas esas personas, debido a que el Ministerio de Justicia, por las condiciones propias de las personas detenidas, no autorizó el ingreso de los equipos de cómputo que el Poder Judicial dispuso para realizar esa diligencia, lo que evidentemente tuvo como consecuencia que tuviésemos que realizar todas las coordinaciones necesarias para que la diligencia se realizara desde celdas judiciales, según lo ordenado por el Tribunal de Juicio de Limón”, explicó.

Agregó que desde que inició la emergencia nacional, debido a la pandemia de covid-19, se brindó al personal judicial la documentación del procedimiento a seguir ante casos sospechosos, probables o positivos de la enfermedad.

En este caso específico, donde dos de los acusados resultaron positivos con covid-19, se estableció un procedimiento para “salvaguardar la integridad física no solo de nuestros colaboradores de las Secciones de Cárceles, sino que además del personal judicial que labora en los edificios donde se encontrarán estas personas privadas de libertad”.

Quesada detalló que el personal de la Policía Judicial usará trajes especiales, denominados TYVEK, y no la bata descartable indicada en el documento del Ministerio de Salud.

Destacó que incluso un funcionario que cuenta con capacitación en el uso de esa indumentaria instruyó a los agentes de Cárceles antes del inicio de la diligencia.

Por su parte, ante consulta de La Nación, Justicia recalcó que “en apego a los protocolos establecidos para la atención de covid-19 en centros penitenciarios, las personas bajo aislamiento solo pueden recibir a personal de salud y a aquellos funcionarios contemplados en el lineamiento para su atención”.

“En este caso, además, se consideró el riesgo de ingreso de personas y equipos de otras instituciones, por las características propias de la desinfección requerida en este contexto sanitario.

“Como es sabido, los indiciados no están a la orden del Instituto Nacional de Criminología (INC), como sí lo están los sentenciados, sino que están a la orden del Poder Judicial, por lo que se les hizo ver a las autoridades judiciales la pertinencia de que fueran trasladados a celdas judiciales para que procedieran con la audiencia como lo dispusieran oportuno”, precisó Justicia por medio de su oficina de prensa.

Personal molesto

El traslado de los imputados en este caso, apellidados Ventura Estrada, Estrada Rivera, Ugalde Odio y Barrio Estrada, además de Ojos Bellos, generó molestia en los custodios, ya que consideran que el contacto con pacientes con covid-19 los pone en riesgo.

Ante esto, el OIJ aseguró que son conscientes de la situación, pero que han tomado todas las medidas para salvaguardar la integridad de ellos.

“Es evidente que ante la situación que estamos viviendo en el país y el mundo entero, exista nerviosismo u otro tipo de reacciones por el trabajo que ellos realizan, pero conscientes de la preocupación de nuestros compañeros, hemos emitido muchos comunicados relacionados con las medidas de higiene, con los equipos que deben utilizarse, con las medidas que la institución está adoptando y la inversión en compra de equipo para salvaguardar su integridad.

“Incluso, se les ha informado que tenemos a disposición de ellos la Sección de Apoyo Psicológico Operacional, que es un despacho de la Policía Judicial donde profesionales en Psicología están atentos a colaborar con los compañeros que así lo requieran y preparando trabajos (comunicados) de cómo afrontar la crisis actual”, afirmó Quesada.

Añadió que reducir la cantidad de trabajo no está en manos del OIJ, debido a que ellos deben atender “un mandato legal de auxiliar a la administración de justicia en lo que respecta al traslado y custodia de personas privadas de libertad”,

“Eventualmente, podrían reprogramarse juicios cuyo plazo no esté próximo a vencer, pero no podemos reducir ni controlar las personas que diariamente cometen delitos y deben someterse a la valoración de las autoridades.

Por lo anterior, constantemente instamos a los jefes, encargados o personal de apoyo en las diferentes sedes de Cárceles a nivel nacional, a seguir motivando a nuestro personal, a maximizar las medidas de seguridad, salubridad e higiene, a utilizar los equipos de protección personal de la forma correcta, para su protección, la de sus familiares y nuestros usuarios en general”, precisó el secretario general del OIJ.

Contra tiempo

Este lunes era el último día para reanudar este juicio después de varios días de suspensión por los casos positivos de covid-19.

Además, desde marzo el debate ha sufrido varios contratiempos. Primero por un supuesto plan de fuga y luego por al menos tres recursos de habeas corpus.

La prisión preventiva contra los sujetos vencía este martes y se podía extender solo si se reanudaba el debate, tal y como ocurrió a la 1:30 p. m. de este lunes, ya que los tres años permitidos por ley ya pasaron.

De los cinco imputados, solo Ojos Bellos descuenta una condena por otro caso.

Ellos figuran como sospechosos del mortal tiroteo ocurrido el 2 octubre del 2016, en el cual cinco personas murieron y otras seis resultaron heridas.

La matanza ocurrió cuando dos individuos comenzaron a disparar contra dos sujetos que estaban al lado de un vehículo amarillo estacionado en la entrada a playa Cieneguita.

En el ataque murieron un niño de 11 años y una quinceañera; así como Eloísa Hoy Pinnock, de 33; Corina Mc Kenzie Pennicott, de 38, y Francisco Miralles Montoya, de 21. Este último era uno de los blancos del ataque, confirmó en aquel momento la Policía Judicial.

Este caso, según las autoridades, formó parte de una disputa por el control de territorios para la venta y trasiego de drogas que mantenían las bandas de Ojos Bellos y la de Keylor Jacob Cole Kelly, conocido como Gato Cole y quien también está preso.

Colaboró la periodista Katherine Chaves R.