El fiscal general, Jorge Chavarría Guzmán, anunció que no se postulará para seguir ocupando el cargo después de octubre, cuando vencerá su nombramiento, tras cuatro años de liderar la política de persecución penal.
A su llegada, en el 2010, criticó el bajo índice de condenatorias (55%) y se propuso una meta del 80%, pero reconoce que no lo logró. Los índices sí se elevaron: ganaron un 67% de los casos llevados a juicio. Chavarría espera ver resultados de su labor a finales del 2015, cuando culminen los procesos pendientes.
Durante su gestión, magistrados y jueces señalaron errores de la Fiscalía en más de 15 sentencias –los cuales se habrían dado al recopilar pruebas y en los procedimientos legales–, los que se “trajeron abajo” casos de peso, entre ellos, los de Caja-Fischel; ICE-Alcatel, el de Carlos Pascal (presidente del equipo de Limón) y el de reaseguros. Chavarría, de 61 años, sostiene que esas críticas son un argumento histórico utilizado por jueces y que no comparte. Para él, el desempeño de las partes no debe ser cuestionado por un tribunal, que debe limitarse a analizar la prueba.
Hoy, dice sentirse orgulloso de haber dedicado 37 años a esa institución y acepta que debe mejorarse el servicio para responderle a la víctima. Añadió que requieren 96 fiscales más para atender juicios.
En el informe de su gestión, que presentó a la Corte Plena, se dice que hay un alto número de casos que llegaron a juicio sin ser delito. ¿A cuántos se refería?
En el 2010, algunas fiscalías lograban hasta 55% de condenas y un porcentaje de absolutorias en juicio obedecía a atipicidades. Esto tiene que ver con que una planilla muy alta de personas habían sido nombradas de urgencia por inopia, y con la pésima formación universitaria. Las atipicidades se han disminuido y se aumentó el porcentaje de condenatorias a un 67%. Nuestra meta era lograr un 80%.
Casi la mitad de expedientes en la Fiscalía (45%) están rezagados desde el 2010. ¿Bajaron?
Cuando se dio la reforma (procesal penal) de 1998, los fiscales tuvimos una avalancha traumática de 50.000 asuntos de un momento a otro. Este es el rezago, todavía hay casos del 2007. En el 2013 cerramos con 56.124 asuntos y, al primer trimestre del 2014, bajamos a 50.939; es decir, casi 6.000 asuntos menos.
Hay jueces que absuelven por deficiencias en la investigación o porque la prueba se recopiló mal...
Hay un par de jueces que tienen el síndrome de echarle la culpa al Ministerio Público (...) A mí me parece indebido, porque el juez debe decir qué mérito le merece la prueba nada más y no el desempeño de las partes.
A Carlos Pascal, por ejemplo, lo absuelven porque el hecho acusado no era delito.
Está apelado y no está resuelto. Es igual que el de Turrubares (la tragedia del puente), que dicen que qué barbaridad, pero ganamos la apelación con nuestro argumento y el caso no está resuelto. Si un fiscal me dice a mí que la Policía hizo mal la investigación, el fiscal es el responsable.
Usted ha dicho que la Fiscalía no es ‘represiva’ sino ‘justa y eficiente’ y relaciona esto con los sobreseimientos definitivos.
Una de las metas era aumentar los sobreseimientos, porque son una garantía de que el fiscal llegó a la conclusión objetiva de que no hay delito o que la persona no participó. Esto implica una justicia de calidad. Detrás de esto hay un esfuerzo de la unidad de capacitación y levantamos el nivel técnico de los fiscales. También, organizamos el Ministerio Público en cuatro columnas: hay fiscalía de delincuencia organizada, otra de probidad, transparencia y anticorrupción y las fiscalías especializadas. El siguiente paso es crear el jefe de las fiscalías territoriales. Este paso es bueno para llegar el año entrante a la reorganización interna de cada fiscalía. Tenemos que seguir para abajo y sanear el circulante para dejar un Ministerio Público moderno que dé un buen servicio al ciudadano. Eso está por alcanzarse, pero yo no puedo decirle a usted que esté satisfecho con el servicio que presta la Fiscalía porque no lo estoy.
¿Insatisfecho en qué términos?
El servicio tiene que mejorarse, en el ideal que yo tengo, no en el que pueda tener otra persona. Desde mi perspectiva personal, hay mucho que hacer para mejorar y poner al Ministerio Público a tono con lo que debería ser. No estoy hablando del Ministerio Público de Costa Rica; estoy hablando del Ministerio Público como institución.
Pero interesa el caso nuestro...
Aquí, hemos mejorado sustancialmente conforme a la visión que he tenido estos cuatro años, pero no es suficiente; hay que hacer más. Hemos tratado de hacer una labor importante a lo interno. Mi desempeño ha sido apegado a la Constitución Política y a la ley, pese a lo que muchas personas pudieron haber interpretado al inicio de mi gestión, pero eso tampoco me molesta y es parte de la democracia. Me siento muy orgulloso de haber dedicado 37 años a esta institución.
¿Comparte la política represiva a la que el país ha apostado?
Hubo toda una fase de inflación del derecho penal, que implicó un aumento serio del circulante sin poner más fiscales, sin ver si la organización del Ministerio Público era adecuada, sin ver si había suficientes jueces. Nos ha costado disminuir el tiempo de la investigación y la meta es llevarlo a seis meses, pero a nivel de tribunales usted estará dos años esperando juicio. Esto no es política criminal; entonces, no vengan a exigirle al Ministerio Público una política de persecución penal. Hemos hecho un esfuerzo, pero somos conscientes de que hay que hacer mucho más.