Jefa de la Defensa Pública se acogió a la jubilación desde el 1.° de octubre

Según confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial, la aceptación del retiro la adoptó el Consejo Superior en la sesión del pasado martes 26 de setiembre y el monto de la pensión mensual con deducciones será de ¢3.892.073,55.

El pasado lunes se designó a Diana Montero como jefa interina de la Defensa Pública, mientras el Poder Judicial prepara el concurso para escoger al nuevo jerarca de esa entidad, comunicó el departamento de prensa.

Conflictos.

La gestión para retirarse la tomó Muñoz durante las últimas semanas, pese a que ella tenía el derecho a tener una compensación por los años laborados en el Poder Judicial desde el 15 de mayo del 2013, cuando cumplió 30 años de trabajar para esa dependencia del Estado.

Marta Iris Muñoz, de 60 años, durante los últimos meses fue centro de polémica, pues en el Tribunal de la Inspección Judicial se tramitan dos procesos administrativos.

El primero se le abrió en diciembre del 2016 y es el expediente 16-1829-0031-IJ, por presuntamente designar a su secretaria, recién graduada como abogada, en un puesto como defensora pública. La pesquisa se abrió luego de una publicación del Semanario Universidad, en la cual se argumentó que, supuestamente, la beneficiada no cumplía con los requisitos. Sin embargo, para Muñoz la designación se hizo cumpliendo con lo dispuesto por las autoridades administrativas del Poder Judicial.

Posteriormente, el pasado 5 de setiembre se le comenzó otro proceso disciplinario por participar en la huelga de empleados judiciales, que se llevó a cabo entre el 19 y 31 julio en contra de las reformas al régimen de pensiones que los ampara.

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El asunto está en el expediente 17-001187-0031-IJ y fue abierto de oficio por la Inspección Judicial, pues se consideró que las actuaciones de la funcionaria afectaron la imagen de la institución debido a que apoyó y se sumó activamente a la huelga, pese a que ella representa una figura patronal dentro del Poder Judicial, al ocupar el puesto de mayor jerarquía institucional de los defensores públicos.

De acuerdo con los informes del Poder Judicial, pese a que Marta Iris Muñoz deja de ser funcionaria de la entidad, los procesos investigativos seguirán hasta que se llegue a una resolución final.

Muñoz, que en los últimos meses se ha mantenido alejada de la prensa, sí se manifestó el pasado 16 de setiembre en un derecho de respuesta que envió a La Nación para referirse a la última de las pesquisas.

"Esta causa disciplinaria representa un precedente nefasto para Costa Rica, en el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad sindical, en tanto se fundamenta en manifestaciones que realicé durante el movimiento huelguístico, como una funcionaria más, entre miles de participantes. Extrañan estas acciones ya que parecen propias de regímenes totalitarios y no de un país como el nuestro, respetuoso de los derechos fundamentales", alegó en aquel momento.

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Asimismo, hizo ver que utilizará "todos los medios legales disponibles para defender mi honor y honra, pues con esfuerzo, sacrificio y trabajo me los he ganado".

La Nación intentó localizarla este miércoles, pero Muñoz comunicó de que hablaría en los próximos días pues se encuentra incapacitada.