El Tribunal de la Inspección Judicial abrió una causa, de oficio, contra la directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz Cascante, por promover la huelga de empleados judiciales que se llevó a cabo entre el 19 y 31 julio en contra de las reformas al régimen de pensiones que los ampara.
La investigación fue abierta el pasado 5 de setiembre y a Muñoz se le acusa de fallas en el ejercicio de su cargo, que afectan la imagen del Poder Judicial.
Según el expediente 17-001187-0031-IJ, del cual La Nación tiene copia, las actuaciones de la funcionaria afectaron la imagen de la institución debido a que apoyó y se sumó activamente a la huelga, pese a que ella representa una figura patronal dentro del Poder Judicial, al ocupar el puesto de mayor jerarquía institucional de los defensores públicos.
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"Usted, Marta Iris Muñoz Cascante, en su condición de Jefatura Superior de la Defensa Pública, incurrió en fallas en el ejercicio de su cargo por cuanto durante el citado plazo (19 al 31 de julio) apoyó y participó activamente en la denominada 'Huelga' convocada por distintos gremios del Poder Judicial. Lo anterior, pese a su condición de Representante Patronal del Poder Judicial", dice la causa.
Son tres los hechos que le imputa la Inspección a la jerarca de la Defensa para abrirle la investigación. El primero ocurrió el 19 de julio, durante una marcha en las cercanías de la Asamblea Legislativa, cuando supuestamente Muñoz llevaba un cartel que decía "Defensa Pública de Costa Rica PRESENTE en la lucha por la independencia del Poder Judicial y su régimen de pensiones".
Asimismo, la Inspección alega que, entre los días 24 y 28 de julio, Muñoz hizo uso del micrófono y realizó una serie de preguntas a los manifestantes que se encontraban participando del movimiento de huelga. En sus alocuciones habló de "quiénes eran los más beneficiados con el Fondo de Pensiones de este Poder de la República".
Por último, según el expediente, el 26 de julio también tomó el micrófono y le dijo a los presentes: "La Dirección de la Defensa Pública no puede dejar de dar su mensaje en este momento tan importante para la historia del Poder Judicial".
Como prueba, la Inspección Judicial presentó videos que fueron publicados en redes sociales de los gremios judiciales.
"Son malas intenciones"
Este diario trató de entrevistar a Muñoz Cascante sobre la investigación en su contra; no obstante, no respondió las llamadas a su celular e indicó, a través de su encargado de prensa, que iba a enviar una reacción por correo electrónico.
La jerarca alegó, en esa comunicación escrita, que su participación en la huelga se dio bajo el ejercicio legítimo de su derecho constitucional a la libertad de expresión, libre tránsito y libre asociación sindical.
"Lo hice como servidora judicial, al lado de las y los miles de empleados judiciales que estamos preocupados por la defensa de nuestros derechos. Llama poderosamente la atención que la causa solo fuera instruida en mi contra, lo que evidencia las malas intenciones de la queja", expresó Muñoz en el documento.
También argumentó que ya habían pronunciamientos de la Presidencia de la Corte y de la Inspección Judicial en los que se decía que que no habría ninguna represalia en contra de las personas que participaron en la huelga.
Sin embargo, Carlos Chinchilla Sandí, presidente de la Corte, explicó que la Inspección Judicial tiene independencia, por lo que evitó referirse al caso en concreto.
"La Inspección es un tribunal propiamente dicho, quiere decir que yo no intervengo en ninguna de las actuaciones que ellos realicen o pretendan realizar. Entonces, yo al caso concreto no me voy a referir, por la situación propia de lo que es y corresponde a un ámbito de independencia que tiene el Tribunal", enfatizó Chinchilla.
Esta es la segunda causa de oficio que enfrenta Marta Iris Muñoz en la Inspección Judicial, pues en diciembre anterior también se le abrió otra por un supuesto nombramiento irregular que dio a conocer un reportaje del Semanario Universidad.
La investigación reveló que presuntamente Muñoz ascendió a su secretaria, Shirley Víquez, a una plaza de defensora pública sin haber cumplido los requisitos exigidos por la institución.
El movimiento de huelga, que duró 13 días, nació cuando los empleados judiciales se molestaron porque la Comisión de Pensiones de la Asamblea Legislativa rechazó, como texto base para reformar el régimen jubilatorio, el proyecto de ley propuesto por los gremios.
Durante los días de protesta hubo afectación en servicios como juicios, entrega de hojas de delincuencia y de cadáveres en la Morgue Judicial. Esto último generó fuertes críticas a los empleados de Medicatura Forense, ya que 39 cuerpos se acumularon y las familias dolientes reclamaban por que se los entregaran.
La huelga fue declarada ilegal por el Juzgado de Trabajo de Pococí el 24 de agosto anterior.