Aunque desde noviembre del 2020 la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen logró prisión preventiva contra cuatro personas sospechosas de pertenecer a una banda investigada por realizar estafas informáticas por más de ¢500 millones desde La Reforma, el caso está prácticamente estancado.
26 meses después, la Unidad de Cibercrimen de la Fiscalía indicó el pasado 25 de enero que la causa sigue en la fase inicial de la pesquisa, que incluye recolección y análisis de pruebas. Agregan que ya se tomó la declaración indagatoria de los presuntos líderes de la estructura.
Se trata de una investigación con declaratoria de crimen organizado, porque involucra a once personas con varios fenómenos delictivos para perpetrar las estafas. Además, en estos casos seguir el rastro del dinero es cada vez más complejo y se diluyen las posibilidades de que los afectados recuperen lo perdido.
Con base en las pesquisas realizadas hasta ahora, la Fiscalía deberá determinar si procede la acusación definitiva con las respectivas audiencias o si se desestima la causa.
Por ser de trámite complejo, se permiten prórrogas más amplias para quienes quedaron en prisión preventiva y también para los que tienen otras medidas cautelares.
Cómplices facilitaban todo
Se trata de la banda de los Tencio, así llamada porque era liderada por Edwin Alexis Tencio Rodríguez, con la complicidad en exteriores de un hermano, su padre, la esposa y otros familiares, así como a lo interno del presidio por parte de un oficial de la Policía Penitenciaria y administrativos del Ministerio de Justicia que fueron investigados por la presunta colaboración.
Con 32 años, Edwin Tencio cuenta con un amplio expediente judicial y descuenta 43 años de cárcel por homicidio calificado, homicidio simple y hurto.
El segundo al mando de ese grupo era el hermano de Edwin, quien, por estar en libertad, se encargaba de la logística. “Recolectaba el dinero conseguido, reclutaba las personas que prestarían sus cuentas, adquiría los chips y los celulares”, detalló el día de su captura el entonces director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Walter Espinoza (Q.d.D.g.). El padre de los Tencio, por su parte, también se encargaba de receptar el dinero que el grupo sustraía.
El Juzgado Penal de Alajuela había dictado prisión preventiva contra cuatro de los detenidos apellidados Palacios Umaña, Alvarado Cruz (mujer), Tencio Rodríguez (hermano) y Tencio Villegas (padre). Otros dos sospechosos de apellidos Delgado Ruiz y Solís Dávila debían firmar cada 15 días.
Para desarticular el grupo, las autoridades judiciales realizaron 17 allanamientos en Grecia, Turrúcares, Guatuso, Barva y Cartago, así como en La Reforma.
Uno de los imputados de apellidos Irigoyen Cruz, laboraba como policía penitenciario para el Ministerio de Justicia por lo que se pidió reubicarlo y quedó con otras medidas menores, mientras que otros siete sospechosos, en cuenta dos administrativos del Ministerio de Justicia, no se dictaron medidas cautelares.
En torno al resultado de las acciones administrativas que se ordenaron contra los funcionarios estatales involucrados, se consultó al Ministerio de Justicia, que quedó de contestar en las próximas horas, ya que después de un periodo de vacaciones, varios de esos funcionarios habían vuelto a sus labores.
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Capturas pese a difícil rastreo
Luego de que el año pasado las estafas por vía electrónica vaciaron más de ¢4.307 millones, solo en San José, Yorkssan Carvajal, jefe de la Sección de Fraudes del OIJ, explicó que debido a la tecnología actual, se dificulta mucho rastrear a esas organizaciones.
Pese a ello, el 16 de diciembre del año pasado otra banda que operaba desde La Reforma también fue detenida por el OIJ, luego de varios allanamientos en Goicoechea y Desamparados.
Mientras los sospechosos esperan la investigación, muchas personas y empresas continúan con la pesadilla de perder de un momento a otro sus ahorros o los dineros de planillas y otras necesidades.
El año pasado a una filóloga lo vaciaron más de ¢1 millón con el timo del falso funcionario municipal, mientras que a Carmen Rojas Guzmán, una exfuncionaria del Banco Popular, le vaciaron casi ¢10 millones en 33 minutos. Otro caso que llevó un calvario desde el 2015 en los Tribunales y al final fue declarado como pérdida para el cliente lo sufrió un comerciante de apellido Pérez, a quien le robaron ¢4,6 millones y $3.000 que usaba para pagar la planilla de su negocio.
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