El futuro fiscal subrogante, Warner Molina Ruiz, se inhibió de conocer el caso Cochinilla, sobre presunta corrupción en obras viales, pues es cuñado de una funcionaria del Conavi que fue detenida como sospechosa en esa investigación.
El Ministerio Público precisó que Molina, quien hasta este jueves se desempeña como fiscal adjunto de Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes, planteó la inhibitoria ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por causal de parentesco.
Molina es cuñado de Elsie Carmona Rivas, funcionaria del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Carmona es una de las 30 personas detenidas en una causa por supuestos “cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica”.
Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la aparente malversación de fondos generó un déficit para el Estado de ¢78.000 millones entre los años 2018, 2019 y los primeros trimestres del 2020.
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La oficina de prensa del Ministerio Público aclaró que Molina se inhibió como fiscal de la República y no como fiscal subrogante, pues el nombramiento en este último puesto rige a partir de este viernes 18 de junio.
El artículo 66 del Código Procesal Penal establece que “los funcionarios del Ministerio Público deberán excusarse y podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos respecto de los jueces (...).
“La excusa o la recusación serán resueltas por el superior jerárquico, previa la investigación que estime conveniente”, indica la norma.
Segunda recusación
Este lunes, la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, también confirmó que se abstendrá de conocer el expediente del caso Cochinilla pues su esposo, el abogado Francisco Campos, representa a dos de las constructoras investigadas.
La jerarca garantizó a la ciudadanía que pese a su inhibición, el caso se investigará con todo rigor.
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Explicó que la experiencia, trayectoria y capacidad, así como lo altamente calificado de las personas que forman parte de la Fiscalía Anticorrupción, permite que el caso camine, independientemente de que la Fiscalía General se separe.
“Lo importante, además, es que lo hacen valientemente y con independencia del motivo por el cual hoy yo me separo”, sostuvo.
El Ministerio Público reiteró que el expediente 19-000025-1218-PE es investigado por la Fiscalía Anticorrupción y que, hasta ahora, no hay necesidad de que la Fiscalía General conozca el caso.
Lo anterior obedece a que, de momento, no hay ninguna persona con fuero especial o inmunidad que esté implicada en los hechos (presidente de la República, ministros, diputados o magistrados).
No obstante, dicho despacho indicó que de ser necesario se aplicaría el “Protocolo para la prevención, identificación y gestión de los conflictos de interés de la Fiscala General o Fiscal General del Ministerio Público de Costa Rica”, del 2019.
Dicho procedimiento, explicó, permite convocar un Consejo Fiscal (compuesto por fiscales adjuntos) y sin la participación de los funcionarios inhibidos, para definir una terna de candidatos para sumir la investigación contra la persona con fuero.
La terna deberá ser enviada a la Corte Plena para que esta “elija a la fiscala o fiscal adjunto a cargo de esa eventual investigación”.
Por otra parte, señaló de momento (a este jueves) es “innecesaria” la inhibitoria de Molina como fiscal subrogante, porque aún no ejerce como tal y porque no hay ninguna causa contra un miembro de los Supremos Poderes que deba ser tramitada por la Fiscalía General.
