Dos oficinas de Casas Vita, en Pozos de Santa Ana, San José, y La Guácima de Alajuela, fueron allanadas la mañana de este martes como parte de las investigaciones por el presunto delito de estafa con la venta de propiedades en condominio.
Fiscales y agentes judiciales también ingresaron al despacho de un abogado, en Heredia, y a dos viviendas en San Rafael de Escazú y Santa Ana con el objetivo de buscar evidencia documental y electrónica en perjuicio de al menos 30 personas.
No obstante, hasta este momento, el Ministerio Público ha recibidio 47 denuncias relacionadas con los proyectos inmobiliarios de esta empresa.
El Ministerio Público informó de que la diligencia comenzó a las 8 a. m. y a las 10 a. m. seguía en desarrollo.
Según los datos suministrados por la entidad, tres hombres y una mujer, de apellidos Villagra Martínez, Vargas Ramírez, Murillo Sánchez y Solís Gómez, respectivamente, figuran como imputados en la investigación, la cual se desarrolla bajo el expediente 17-000354-1220-PE.
Aparentemente, los sospechosos suministraron información engañosa a los ofendidos, quienes habrían pagado primas y adelantos para la compra de propiedades pero luego no obtenían lo acordado.
"Supuestamente, la compañía ha vendido una misma propiedad a más de una persona, impidiendo así que una de ellas pueda disponer del inmueble por el que pagó y, al mismo tiempo, generando ingresos dobles a partir de un solo bien", precisó la Fiscalía.
Otro caso
A principios del año pasado otra firma, Homes Grupo Inmobiliario, también fue denunciada por supuestas estafas. A mayo del 2017 acumulaba 35 quejas.
El caso se dio a conocer el 20 de febrero del año anterior, cuando la Fiscalía Adjunta de Fraudes anunció la apertura de una investigación ante reportes de posibles irregularidades en la comercialización de los condominios Real Garita, en La Garita de Alajuela; Real Bougainvillea, en Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia; y Condado del Valle, en San Sebastián.
Para ese momento, unas 12 personas habían denunciado que meses después de haber pagado una prima de hasta $50.000 por su casa, el desarrollador incumplió con entregarles el apartamento. Los afectados, además, aseguran que no logran comunicarse con la empresa.
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