El exdiputado Jorge Angulo Mora, la Procuraduría General de la República y la empresa Construcciones Industriales COIN KRJ S.A. dejaron abierta la posibilidad de una salida alterna en un proceso penal que se le sigue al exlegislador y otras tres personas.
Estos cuatro ciudadanos fueron acusados por la supuesta exigencia de dinero a cambio de que se mantuviera la adjudicación para construir el Liceo Italo-Costarricense en San Vito de Coto Brus, Puntarenas.
El eventual arreglo judicial trascendió al concluir este miércoles, al mediodía, la primera sesión de una audiencia preliminar (programada para tres días), en la cual se decidirá si los sospechosos son llevados a juicio.
La diligencia se realiza en el Juzgado Penal de Hacienda, con sede en los Tribunales de Goicoechea.
Carlos Meléndez, fiscal del Ministerio Público, dijo al salir de la sala que la "Fiscalía no avala ningún arreglo". "Queremos llevar esto a juicio", manifestó.
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El caso que se discute sucedió durante el 2010 y tiene que ver con un contrato que otorgó la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) para la construcción del Liceo Italo-Costarricense en San Vito de Coto Brus, Puntarenas. La obra tenía un costo de ¢705 millones y beneficiaba a 250 alumnos.
El proceso penal se abrió hace seis años cuando Jorge Sandoval, dueño de la firma COIN KRJ, adjudicataria del trabajo, denunció que presuntamente Angulo le había exigido dinero a cambio de no entorpecer el contrato.
Además del exlegislador Angulo (del Partido Liberación Nacional durante el período 2010-2014), figuran como imputados otros tres hombres, de apellidos Arias Dowartt, Gómez Guido y Alfaro Chaves. La Fiscalía les atribuye delitos como tráfico de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito, entre otros.
Arreglo
Este miércoles, luego de que se leyeron las acusaciones y las acciones civiles, el abogado José Pablo Badilla, representante legal de la firma COIN KRJ S.A. manifestó: "Debido al tiempo transcurrido hemos perdido de repente el interés de proseguir con el asunto y nuestro objetivo sería algún tipo de salida alterna".
Por su parte, Rafael Gairaud, defensor de Jorge Angulo, consideró que el planteamiento le "parece razonable y debido a la afectación en la salud de don Jorge se justificaría en pensar en una solución alternativa". "Lo vamos a discutir y este jueves haremos la presentación correspondiente", agregó.
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Mientras, el procurador penal, Miguel Cortés, representante del Estado, tampoco descartó esta alternativa.
"Vamos a esperar a ver cuál es la reacción de la defensa (...), existe la intención de llegar a una medida alterna, si se llega a formalizar el ofrecimiento, de parte de la Procuraduría lo que quedaría sería analizarla, ver si se ajusta al proceso, sí favorece al Estado y que se tenga la autorización de los procuradores que son lo que tienen que dar el visto bueno definitivo", dijo Cortés.
Este proceso ha sufrido varios atrasos debido a que cuando se dieron los hechos y se presentó la acusación, Angulo era diputado y estaba cubierto por la inmunidad.
Luego de que se le levantó la inmunidad, en diciembre del 2011, el caso iba a ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia, pero por múltiples situaciones el tema se postergó hasta que a Angulo se le venció el período. Luego el expediente pasó a los tribunales comunes.
