El abogado del extesorero de apellidos Madrigal Faerrón, que figura entre los ocho investigados por el robo de ¢3.293 millones del Banco Nacional, sostuvo que su cliente contaba con un salario suficiente para financiar la compra de la propiedad de dos hectáreas donde fue detenido el pasado miércoles.
Esa finca estuvo incluida en los 11 allanamientos desplegados por Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público para detener a ocho personas, quienes son investigadas por la millonaria sustracción, que trascendió en medios el pasado 23 de octubre.
Este miércoles el OIJ indicó que la finca, de dos hectáreas, está ubicada en San Jerónimo de Moravia, empero, en una búsqueda en el Registro de la Propiedad, el extesorero aparece como propietario de una finca en Dulce Nombre de Jesús, en Vázquez de Coronado, desde el 2017. Tiene un valor fiscal de ¢79,8 millones.
Ese día, las autoridades policiales indicaron que había inconsistencias entre el valor de la propiedad y la capacidad adquisitiva de su propietario.
José Pablo Badilla, abogado de Madrigal Faerrón, explicó que su representado se desempeñaba como tesorero del Banco Nacional, cargo por el cual devengaba un salario cercano a los ¢4 millones, monto suficiente para poder comprar ese terreno.
Sostuvo que se debe considerar el historial del extesorero, con 60 años y 35 años de servicio público, incluyendo 35 anualidades como funcionario público. “Tiene una de las plazas más altas en los escalafones administrativos del Banco Nacional”, acreditó el defensor.
Badilla explicó que Madrigal compró la propiedad para disfrutar de su retiro de “manera tranquila”, subrayando que en el Banco Nacional, el salario de jefe de Tesorería estaba entre las mejores categorías. “Juzguen ustedes si un funcionario puede o no puede comprarse una propiedad de este tipo, yo pienso que sí. Eso y más”, sostuvo el abogado.
Estas declaraciones se realizaron horas antes de la audiencia preliminar contra el extesorero y otras seis personas en los Tribunales de Justicia del Segundo Circuito Judicial, en Goicoechea.
El abogado aseguró que su cliente no tuvo participación en las sustracciones de dinero de una bóveda del banco. Madrigal se acogió a su pensión el 4 de octubre, un día después de que las autoridades bancarias tuvieran certeza del faltante.
“No descartamos que haya existido algún incumplimiento de deberes, de pronto es un tema que vamos a ver en el proceso, pero vamos a demostrar nosotros que realmente la sustracción de los dineros ocurrió en un departamento, totalmente separado al departamento en el que laboraba” Madrigal, acotó el defensor.
Al cierre de esta nota, los imputados por el caso permanecían en la sala 10 de los tribunales, donde el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública discute la posible imposición de medidas cautelares.
En conferencia de prensa, a finales del mes pasado, autoridades de la entidad bancaria indicaron que la irregularidad fue descubierta en agosto, pero que hasta el 3 de octubre se tuvo certeza sobre el faltante. Sin embargo, tardaron 20 días más en denunciar el caso en instancias judiciales.