María de los Ángeles Otárola, costurera que denunció en el 2014 a la entonces defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum Yoselewich, expresa una gran desazón por los recurrentes atrasos en la ejecución de la condena dictada contra la exjerarca el 29 de agosto de 2019 y confirmada en 2020, situación que le impide acceder al seguro de salud por el que lucha hace diez años.
“Aunque carezco de estudios, no implica que esté ciega. Me resulta incomprensible que, pese a la existencia de declaraciones de renta y a la demostración de la autoría mediante una prueba de grafoscopía, el veredicto haya tardado tantos años”, manifiesta Otárola, de 60 años, en un audio que envió en respuesta a consultas de La Nación.
La sentencia contra Taitelbaum todavía no se ha llevado a cabo, sumergida en un vaivén de apelaciones que buscan definir el monto de la pena. El tiempo incluso podría alargarse aún más, pues persiste la posibilidad de que interponga un recurso de apelación y otro de casación al fallo condenatorio emitido el pasado jueves 11 de enero.
Durante esta última audiencia, el Tribunal Penal de Hacienda redujo la pena de prisión impuesta a la exfuncionaria de nueve años a siete años y medio por 29 delitos de uso de documento falso.
El origen del conflicto se remonta al 2014 cuando el hijo de la costurera intentó asegurarla. La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) rechazó la solicitud, argumentando que Otárola figuraba como contribuyente de impuestos sobre la renta debido a una supuesta asesoría a firmas vinculadas a la entonces defensora de los habitantes, con ingresos millonarios.
Una vez que este hecho salió a la luz pública desencadenó, posteriormente, la denuncia contra la entonces defensora.
María de los Ángeles Otárola Soto, costurera que denunció a Ofelia Taitelbaum, afirma que la justicia en Costa Rica no es pronta ni cumplida y dice que más bien da vergüenza.
La costurera lamenta que, luego de una década, no ha logrado obtener el derecho y acceso al seguro de salud que buscaba. Considera vergonzoso el tiempo y los millones de colones invertidos, tildándolo como una monumental pérdida de tiempo para tantas personas que podrían haber dedicado esos años a otros trabajos.
El Tribunal Penal de Hacienda inicialmente encontró a Taitelbaum responsable de 32 delitos por uso de documento falso el 29 de agosto de 2019, imponiéndole una pena de nueve años de prisión. A pesar de la confirmación de la culpabilidad en una apelación resuelta en el 2020, se ordenó un juicio de reenvío para determinar la pena, que finalmente fue reducida a siete años y medio el jueves pasado.
Otárola sostiene que, de haber aceptado los chantajes propuestos por la exfuncionaria para que no la denunciara, posiblemente hoy estaría en prisión, ya que Taitelbaum la habría acusado de aceptar sobornos y, en ese caso, considera que la justicia si habría resuelto ágilmente contra una persona humilde.
Solo enfermedad libraría de cárcel a exjerarca
De acuerdo con el exjuez y abogado penalista Ewald Acuña, cuando las penas son mayores a seis años, la persona imputada debe descontar prisión.
Una vez que la sentencia dictada el pasado 11 de enero contra Ofelia Taitelbaum quede en firme, si no es modificada por el Tribunal de Apelación o de la Sala de Casación, la única posibilidad de que la exdefensora y exdiputada liberacionista (2006-2010) se libre de ir a la cárcel, es por motivos de salud que requieren ser verificados por peritos forenses.
Desde el 2019, Taitelbaum, de 75 años, ha tenido que cumplir con las medidas cautelares de impedimento de salida del país y firmar cada fin de mes en el Tribunal Penal de Hacienda.
Taitelbaum (de blanco) usó documentos falsos a nombre de una costurera a la que concoció en un precario en Pavas cuando era viceministra de Vivienda. Foto :
Acuña afirmó que la pena impuesta se ajusta a lo establecido por la regla del concurso ideal del Código Penal, ya que esa legislación prohíbe imponer condenas que superen por tres veces el monto máximo de cada delito. En este caso, por cada delito se le dictaron dos años y medio, lo que redunda en 7,5 años.
Explicó que la costurera, al no poder ser asegurada por su hijo, es víctima indirecta del largo proceso penal. “Habría que revisar si la legislación está impidiendo de alguna manera que víctimas indirectas sean resarcidas por este tipo de delincuencia” indicó.
