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El presupuesto que necesita la Corte Suprema de Justicia para aplicar la nueva Ley de Reforma Procesal Laboral preocupa a varios magistrados, ya que implicaría al menos 163 nuevas plazas de trabajo.
El tema fue abordado en la sesión de Corte Plena del pasado 6 de diciembre, al analizar un informe del presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre.
Ese día, los magistrados manifestaron sus inquietudes sobre el financiamiento de la ley y acordaron informar a la Asamblea Legislativa de que están a favor de la iniciativa, pero que, para su correcta implementación, se deben incluir “permanentemente” los recursos presupuestarios que sean necesarios y, además, en un programa separado al Poder Judicial.
Esta normativa, aprobada el pasado 14 de diciembre por los diputados, pretende disminuir la duración de los juicios laborales, que en la actualidad tardan entre cinco y 10 años .
Para lograrlo se estableció la creación de Tribunales de Apelación, creación de Juzgados de Primera Instancia y la conversión de Tribunales de Menor Cuantía y de Defensa Pública.
La última es la que mayor necesidad tiene de aumentar su recurso humano, pues la ley establece esa asistencia legal a trabajadores que ganan menos de ¢807.000 (dos salarios bases de un Auxiliar Judicial 1).
De acuerdo con un informe de la Dirección de Planificación del Poder Judicial sobre el impacto económico de la ley, se necesitan 30 plazas para los juzgados laborales (jueces y técnicos judiciales), 25 jueces de Tribunales de Trabajo de Menor Cuantía y al menos 108 nuevos defensores públicos.
Todo ese personal, más otros rubros como equipo de cómputo y nuevas oficinas, entre otros, implicaría un presupuesto anual de ¢4.300 millones.
Paul Rueda, magistrado de la Sala Constitucional, fue quien más preocupación manifestó a sus compañeros por el tema de los recursos de esa ley.
“En un momento en que nosotros no hemos solucionado nuestros problemas de déficit fiscal, ¿cómo estos organismos, cómo estas calificadoras, van a ver este nuevo rubro de gastos de ¢4.300 millones, que entiendo yo, es lo mínimo para empezar?”, cuestionó Rueda en la reunión.
La misma posición externó Doris Arias, magistrada de la Sala Tercera: “Ese es el tema. ¿Cómo se le va a dar sostenibilidad para los restantes años? Por que ya no será un presupuesto extraordinario... si no, ocurre lo que siempre ocurre, que eso queda integrado dentro del presupuesto del Poder Judicial y ahora sí, otra vez el martirio anual de cómo nos repartimos el pastel, cuando no hay dinero para repartir”.
La ley establece que lo que implique a Defensa Pública será asumido por el Estado, les respondió el magistrado Aguirre.
Discusión para el 2016. Consultado sobre la inquietud de la Corte Plena, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rafael Ortiz, aseveró que ese es un asunto que tendrá que ser discutido en el Congreso en setiembre del próximo año, cuando dé inicio la discusión del presupuesto para el 2017. “Ellos (Poder Judicial) van a querer que se haga un presupuesto aparte del que tienen, pero eso habrá que verlo”, enfatizó el congresista.
Esto porque la ley de Reforma Procesal Laboral empezará a regir a 18 meses de su aprobación.
