La posible discusión para eliminar el beneficio del 100% del salario a los empleados del Poder Judicial cuando se incapacitan, tiene dividida a la Corte Plena.
En la sesión de este lunes, los magistrados no lograron llegar a un acuerdo para definir una fecha que permita abrir el debate sobre este tema.
En dos rondas de votaciones ante una propuesta de la presidenta de la Corte, Zarela Villanueva, para calendarizar la discusión, el resultado fue un empate de nueve magistrados a favor y nueve en contra.
Al haber dos rondas con empates y solo 18 magistrados presentes, el presidente interino de la Corte, José Manuel Arroyo, resolvió que se deberá hacer otra votación, pero cuando estén los 22 magistrados.
La iniciativa de hacer una reforma legal y bajar del 100% del salario a un subsidio del 60% cuando haya una incapacidad, como ocurre en el resto del sector público y privado, la hizo en el 2011 la actual magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández. En ese entonces, ella era directora del despacho de la Presidencia de la Corte.
Sin embargo, en julio de 2012, la Corte Plena acordó suspender ese debate hasta tanto la Sala IV resolviera una acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República (CGR) en contra del privilegio en ese poder.
Dicha acción fue declarada sin lugar el 18 de diciembre de 2014.
De nuevo. Más de tres años después de su proyecto original, Hernández insistió este lunes ante sus compañeros sobre la necesidad de analizar el beneficio.
“El país ya está en una condición en que no puede y no da para sostener ciertos derechos. Yo quisiera que el 100% de los trabajadores privados y públicos recibiera el 100% de la incapacidad cuando están enfermos, pero no se puede”, expresó la jueza.
De acuerdo con Hernández, la Corte no puede seguir postergando una discusión de este tipo. “Lo mínimo que podríamos hacer es agendarla ( sic )”, señaló.
Una posición contraria sostiene el magistrado Ernesto Jinesta, quien considera que no se debe abordar el tema pues ya hay un pronunciamiento de la Sala IV.
“Yo no sé cómo un órgano administrativo se va arrogar la potestad de revertir un voto de la Sala Constitucional”, dijo Jinesta.
Una posición similar tiene el magistrado de la Sala Tercera, Jesús Ramírez, quien manifestó que “la resolución de la Sala Constitucional ya está dada y es de carácter obligatorio”.
Asimismo, el magistrado Carlos Chinchilla estimó que “sería muy lamentable que la Corte Suprema de Justicia entrara a discutir un asunto que la Sala Constitucional ya resolvió”.
Los magistrados volverán a votar para ver si se retoma el debate sobre las incapacidades, en la sesión del 2 de noviembre.
