La Corte Plena aprobó este lunes dos protocolos que permiten la realización de audiencias virtuales durante los procesos judiciales que se tramitan en las materias laboral y civil.
La decisión la adoptaron los magistrados con el respaldo de la totalidad de los magistrados que participaron en la sesión.
Esta medida se tomó con la finalidad de reactivar estos procesos, cuyas audiencias son presenciales y están suspendidas desde marzo pasado. Esto porque así lo habían determinado los magistrados de la Corte Plena, debido a los riesgos para la salud que significa el desarrollo de la pandemia de covid-19.
La realización de ese tipo de audiencia virtual es una opción que tendrán las partes involucradas en el proceso judicial. Si alguna de las partes no esta conforme deberá manifestarlo ante la autoridad jurisdiccional correspondiente.
El magistrado de la Sala Segunda, Porfirio Sánchez, uno de los impulsores del protocolo en la materia laboral dijo: “Esto significa una gran mejora en cómo aplicamos justicia, porque con las reglas aprobadas, el juez o jueza estará en un lugar diferente a donde se ubican las personas intervinientes del proceso y los testigos que pueden estar incluso en sus casas, de forma tal que interactuamos por medio de un sistema de videoconferencia.
“Con esto mejoramos el acceso a la justicia, las personas usuarias no tienen que trasladarse a los edificios judiciales y generamos economía de tiempo y dinero. Nos tenemos que acostumbrar a la aplicación de las nuevas tecnologías en los trámites judiciales, por lo que el cambio debe prevalecer luego de la pandemia, con el fin de hacer más eficiente la administración de justicia”.
Medidas de seguridad
La implementación de estos protocolos es de manera inmediata. En el caso de la materia laboral, se va a comenzar en el Juzgado de Trabajo de Limón.
Tanto en laboral como en civil, las regulaciones establecen estrictas medidas de seguridad para evitar que existan presiones o influencias de personas ajenas a cada uno de los casos.
Las audiencias será dirigidas por jueces, quienes tendrán la responsabilidad de garantizar la presencia de todas las partes y de que estas se encuentren solas y concentradas en la diligencia judicial.
“La audiencia virtual es el acto que se celebra dentro de un proceso judicial y para su realización requiere la concurrencia de la persona juzgadora y de alguna o todas las partes del proceso, terceros intervinientes, auxiliares de la justicia, personas que funjan como peritos o testigos, y que se realiza utilizando las herramientas de tecnología (...) para comunicar de manera remota a todas las personas intervinientes, en un espacio idóneo, garantizando la autenticidad, seguridad y protección del contenido de la comunicación y resguardando el debido proceso”, señalan los protocolos.
Asimismo, se estableció que las partes intervinientes de la audiencia virtual tendrán la obligación de mantener en todo momento un comportamiento respetuoso, colaborador, de buena fe y lealtad procesal.
Incluso se dispone que la “persona juzgadora que preside, podrá aplicar el régimen disciplinario sobre las partes y sus abogados y demás intervinientes, sancionando cualquier acto contrario a la dignidad de la justicia, la buena fe, la lealtad, la probidad, así como cualquier forma de abuso y fraude procesal (...). Según la gravedad de la conducta, el tribunal aplicará las amonestaciones, las multas, e incluso la expulsión de la audiencia virtual”.
El protocolo también establece las medidas que deben adoptarse cuando se produce una interrupción en la comunicación, sea por problemas de suministro eléctrico, o por fallas en las conexiones tecnológicas.
Otros asuntos de Corte
Durante la sesión de este lunes, los magistrados también conocieron sobre otros temas, entre ellos están:
Vacancia de ley: los magistrados acordaron solicitar a la Asamblea Legislativa se apruebe una vacancia (periodo de tiempo que media entre la publicación de una ley y su entrada en vigencia) en la aplicación del Código Procesal de Familia, que debía ponerse en ejecución a partir de octubre de este año.
Ahora se pide que la aplicación se postergue hasta el 1.° de octubre del 2022. La gestión se realiza pues debido a la emergencia del covid-19 se debieron desviar recursos destinados a capacitación para otros fines.
Quejas de sindicatos: también en la sesión se conocieron quejas de varios sindicatos sobre deficiencias en la aplicación de medidas de protección ante la epidemia del coronavirus. Al respecto, la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, explicó que cada una de las quejas se han resuelto. Asimismo, hizo ver que se han invertido ¢600 millones en la compra de artículos de limpieza y desinfección.