Choque de trenes en Pavas: Seis años después se decidirá si caso va a juicio
Abogado de dos de las víctimas considera que valoraciones forenses para tantos ofendidos convirtieron el proceso en algo ‘complejo’
Producto del choque entre dos trenes, en abril del 2016, decenas de personas resultaron heridas, pero 43 de ellas son las que figuran como víctimas en el proceso penal que se desarrollo. Foto: Alonso Tenorio
Seis años y siete meses después del choque frontal entre dos trenes registrado en Pavas, San José, por fin se realizará la audiencia preliminar para definir si el hecho va a juicio. La cantidad de víctimas involucradas en este caso son 43, lo cual ha hecho que el proceso sea “complejo”, reconoció el abogado Alfonso Ruiz Ugalde, quien representa a dos de las personas ofendidas.
El jurista destacó que sus clientes perdieron entre 7% y 12% de su capacidad orgánica y que tanto ellos como los otros afectados fueron valorados en Medicatura Forense, en San Joaquín de Flores, Heredia, como parte del proceso de investigación. “Se ha demorado mucho porque son más de 40 ofendidos y cada uno de ellos tenía que ser valorado por Medicatura Forense. Además, una vez que fueron dados de alta, fueron revalorados tiempo después para determinar si habían incapacidades permanentes o no”, dijo Ruiz.
Agregó que por estos hechos, la Fiscalía presentó la acusación, mientras que él y otros abogados se constituyeron como querellantes y también presentaron las acciones civiles correspondientes.
”Se programó la audiencia preliminar para finales de octubre y principios de noviembre, es una semana completa. Inicialmente se iba a realizar ahora a inicios de setiembre, pero es necesario que sea en el auditorio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por la cantidad de personas involucradas y como hay otro juicio no hay disponibilidad, por ellos se fijó del 31 de octubre al 4 de noviembre”, explicó el abogado.
Accidente de trenes en Pavas irá a audiencia preliminar
Reconoció que sus dos representados resultaron “seriamente lesionados” en el accidente, por lo cual hay una pretensión económica. “Se nos ha dicho de parte del Incofer (Instituto Costarricense de Ferrocarriles) que existe la posibilidad de plantear un procedimiento conciliatorio y estamos a la espera de que ellos hagan una propuesta económica”, afirmó.
Sobre esto, el Incofer manifestó que “por tratarse de procesos judiciales que se encuentran en curso nos vemos imposibilitados a dar más detalles”, por lo que no brindó detalles del proceso conciliatorio expresado por Ruiz. Además del Instituto, en esta causa figuran como querellados la empresa que administraba el personal de los trenes, así como el conductor y el operador de una de las unidades.
Producto del choque entre dos trenes, en abril del 2016, decenas de personas resultaron heridas, pero 43 de ellas son las que figuran como víctimas en el proceso penal que se desarrolla. (Foto: Alonso Tenorio)
La acusación fiscal
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A mediados noviembre del 2019, la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José finalizó la acusación en contra de dos hombres de apellidos Ramos Castellón (maquinista) y Castillo Pérez, quienes fueron investigados como presuntos responsables de cometer el delito de lesiones culposas en perjuicio de 43 personas.
Según la investigación que realizó el ente fiscal, Ramos conducía y operaba una locomotora, mientras que Castillo era su asistente cuando el tren transitaba en sentido San Antonio de Belén–San José. “Se sospecha que Ramos faltó al deber de cuidado y, presuntamente, habría desatendido una orden emitida por un radioperador, quien le habría indicado detener la marcha a la altura del sitio conocido como Tubo Tico, en Pavas, para dar prioridad a un tren que circulaba en sentido contrario.
“En apariencia, Castillo también omitió la alerta y no la repitió al primer sospechoso. Al parecer, tampoco insistió para que la orden se cumpliera por parte del maquinista. De esa manera, se cree que esto ocasionó una colisión frontal contra el otro tren”, explicó el Ministerio Público en 2019.
Los daños en los equipos se calcularon, en aquel momento, en ¢50 millones. Este caso se agrupa dentro del expediente 16–008386–0042–PE.
