Los 105 teléfonos celulares decomisados a estudiantes limonenses ayudarán a la Fiscalía a definir quiénes obtuvieron de forma ilegal las respuestas a varios exámenes de bachillerato.
Con los datos que obtenga de los aparatos, el Ministerio Público decidirá a cuáles de ellos acusar por el aparente fraude.
Los dispositivos fueron incautados la mañana del lunes durante un allanamiento en cinco centros educativos de la provincia de Limón.
Ese mismo día, los funcionarios judiciales también se llevaron las pruebas de Inglés que los alumnos estaban realizando en ese momento.
Según la información que logre recabar, la Fiscalía, además, podría solicitar los exámenes de Español y Matemáticas, en los que supuestamente hubo irregularidades. No se descarta que los hechos se hayan repetido en otras evaluaciones de bachillerato.
Por este caso, las autoridades detuvieron a un profesor de apellido Acevedo, quien dirige un colegio privado en Batán, y a un delegado del Ministerio de Educación Pública (MEP), de apellido Zapata. El Juzgado Penal de Limón les impuso medidas cautelares, como la suspensión de sus puestos y no acercarse a testigos.
Ayer, el MEP reprogramó la prueba de Inglés para 194 colegiales de Limón.
Venta. La pesquisa reveló que, al parecer, Zapata retiró los exámenes de la sede de la Fuerza Pública y se los entregó a Acevedo.
El director los resolvió y envió las respuestas por mensajes en WhatsApp a alumnos su mismo colegio (Gilander) y a otros de los liceos Experimental Bilingüe (en Siquirres) y Venecia, Matina y Cuba Creek (en Matina).
Se presume que los jóvenes vendieron la información a cambio de ¢10.000 y hasta ¢35.000.
La Fiscalía indaga cuánta comisión recibieron los funcionarios, a quienes se les atribuye el delito de concusión, que se castiga hasta con ocho años de cárcel.
Los estudiantes podrían ser responsables de penalidad del corruptor, cuyas penas para adultos son hasta de seis años de prisión, pero que, en este caso, al tratarse de menores de edad, se aplicaría la Ley Penal Juvenil.
Casos previos. Esta no es la primera vez que el MEP afronta una situación de este tipo.
En 1999, durante los exámenes de bachillerato por madurez, 15 alumnos escucharon las respuestas en radio, en un campo pagado. En el 2002, se filtró un examen de Estudios Sociales para escolares de sexto grado y, en el 2009, se tuvo que anular la prueba de Biología en bachillerato, la cual se debió que repetir en todo el país.
